La nueva ley laboral consagra, indefinidamente, la vigencia de la rebaja de aportes patronales dispuesta por la Ley Banelco. El ministro de Trabajo explicó que “aunque la nueva ley laboral derogó la llamada Ley Banelco, la reducción de las contribuciones patronales fijadas por esa ley son ‘derechos adquiridos’ de esas empresas” (Clarín, 5/3).

La ley laboral de la Alianza estableció que por todo trabajador incorporado a partir de abril del 2000, las empresas pagarían cargas patronales reducidas desde un 33,3% hasta un 50% -en caso de mayores de 45 años, y jefes de hogar o jóvenes de hasta 24 años-. El balance de esta reducción de aportes lo hizo el propio Ministerio de Trabajo admitiendo que la transferencia de recursos originada por la Banelco alcanzó, desde junio de 2000, la suma de 400 millones de pesos-dólares, de los cuales 240 millones fueron usufructuados por empresas que no cumplían con la ley, apelando al “fraude laboral”. Subsidio directo a las patronales (ocultas bajo la corteza de Pymes) a través del robo de los fondos de la seguridad social, y ninguna creación de empleos, algo sabido desde el momento en que el Estado conspira junto al patrón para impedir todo control.

La continuidad de la rebaja de aportes patronales quedó establecida de una manera fraudulenta. El anteproyecto de la nueva ley laboral decía taxativamente que los beneficios de la ley de la Alianza caducaban a los tres meses de la entrada en vigencia de la nueva ley. “Pero esa norma no fue incluída en el proyecto que sancionó el Congreso” (ídem).

Peor que antes

La nueva ley laboral establece una nueva rebaja de aportes patronales, también del 33 al 50%, para los nuevos empleos de empresas de hasta 80 trabajadores. Esta imposición fue la llave maestra del consenso de las patronales frente a la nueva ley: “El ministro de Trabajo incorporó originalmente un techo de 40 empleados para definir a una pequeña y mediana empresa. Pero, tras la intervención del presidente Néstor Kirchner, corrió ese límite a 80 empleados” (Clarín, 8/2).

Los capitalistas pueden ahora tercerizar (dentro o fuera de la planta) el conjunto de su producción, creando empresas fantasmas de “hasta 80 trabajadores” donde imperan (si imperan) otros convenios flexibilizados y que quiebran la unidad fabril.