Se ha dado a conocer que 55.607 empresas se inscribieron al Programa de Recuperación Productiva 2 (Repro II), duplicando la cantidad que solicitó el Repro I en noviembre del 2020. El aumento se debe a que el gobierno flexibilizó los requisitos para recibir el subsidio destinado al pago de salarios puesto que en esta oportunidad no se les exigió a las patronales presentar balances para poder acceder al mismo. Estamos en presencia de una nueva ronda de transferencias de los fondos del Anses a los bolsillos de los empresarios, esta vez, a libro cerrado.

El Repro II fue anunciado el 20 de mayo cuando Alberto Fernández daba inicio a las restricciones por nueve días. En este nuevo lanzamiento, el gobierno incorporó a comercios no esenciales, a nuevos sectores de la industria, a autónomos y monotributistas; a la vez que aumentó el monto del salario complementario incluido en el subsidio -que pasó de $18.000 a $22.000- y se eximió del pago de aportes patronales a las empresas beneficiadas. Así las cosas, el ingreso de 1,1 millón de trabajadores provendrá de este programa.

Los $52 mil millones que contempla la medida oficial fueron presentados como parte del incremento de la asistencia estatal hacia los trabajadores en función de paliar las consecuencias económicas ligadas a la pandemia. Sin embargo, el dinero pautado procede del Anses, lo que junto a la eximición de aportes patronales, convierte la iniciativa en un duro golpe a la caja de los jubilados, a quienes el gobierno les quitó la movilidad, divorciando sus haberes del índice de inflación. Los $19 mil millones utilizados en el Repro I tuvieron el mismo origen.

Como hemos mencionados, las empresas que recibirán el subsidio no tuvieron como requisito presentar balances donde demostraran pérdidas significativas en comparación a mayo de 2019. Solo bastó con mostrar la facturación y la liquidez corrientes, dos indicadores fácilmente manipulables. Es decir, probablemente muchas de las patronales que se inscribieron en el programa tienen la espalda suficiente para afrontar los sueldos de sus trabajadores, sin embargo, estos serán cubiertos con la plata de los jubilados. A libro cerrado, Alberto Fernández le hace ahorrar salarios e impuestos a la burguesía a costa de desfinanciar el Anses y las Obras Sociales. Con la excusa de la pandemia permean distintos aspectos de la reforma antilaboral que reclama el capital y el gobierno es un canal para que esto suceda.

Por otra parte, no existe ningún mecanismo para controlar que las empresas incluidas en el Repro II complementen de su bolsillo la totalidad del monto salarial de sus empleados. De este modo, los trabajadores corren el riesgo de ver sus ingresos drásticamente reducidos, percibiendo un monto de tan solo $22 mil mensuales. Frente a esta clase de atropellos, el gobierno, que dejó pasar un sinfín de despidos pese al decreto que los prohibía y oficializó los descuentos salariales de 25% durante la cuarentena del año pasado, no moverá un dedo en defensa de los reclamos laborales.

El gran ausente de los anuncios presidenciales fue el lanzamiento de medidas de asistencia económica de carácter universal, cuyos fondos se originen de las grandes rentas y fortunas. La ampliación de la Tarjeta Alimentar, de la AUH y del Potenciar Trabajo forma parte de iniciativas que ya estaban en curso, las cuales significan cifras de miseria que han sido pulverizadas a medida que avanzaba la inflación. Además, son prestaciones sociales que no abarcan a la totalidad de trabajadores informales, cuentapropistas y desocupados que necesitan acceder a un subsidio de manera urgente.

Alberto Fernández mintió al afirmar que los $480.000 millones dirigidos a las “asistencia económica” nacen del Aporte Solidario a las Grandes Fortunas. Sin ir más lejos, el 45% de lo recaudado con este impuesto fue dirigido a subsidiar al fracking y a las pymes. La fuente de financiamiento del grueso de los programas anunciados -incluidos los subsidios patronales como el Repro- procede de los fondos previsionales. De este modo, junto a la reducción de aportes patronales, se pretende profundizar el vaciamiento de la caja del Anses, implementando una política de redistribución de la pobreza, en pos de avanzar en el objetivo de que las jubilaciones ya no representen un salario diferido, reduciéndolas a “pensiones a la vejez” de índole asistencial.

En esta crisis es necesario priorizar los intereses de los trabajadores. Esto significa garantizar un subsidio al desempleo de $40.000; prohibir los despidos y suspensiones y las rebajas salariales; asegurar un salario mínimo de $63.000 y paritarias sin techo indexadas a la inflación. El Estado debe hacerse cargo de pago íntegro del salario de los trabajadores y la defensa de los puestos de trabajo en caso de que la empresa no pueda afrontarlo, pero antes, esta deberá demostrar por medio de la apertura de sus libros contables que no cuenta con los recursos suficientes. Resulta fundamental financiar este plan, no con la plata de los jubilados, sino a partir de romper con el FMI, repudiar la deuda externa usuraria y aplicar un impuesto progresivo y permanente al gran capital. En definitiva, un programa de defensa de las condiciones de vida de las mayorías que levantamos desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad.