La suma de fondos coparticipables girada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los municipios en 2019 “perdió por escándalo contra la inflación”, según datos suministrados por el Ministerio de Hacienda provincial (La Nueva, 15/02). Los 13 distritos del Sudoeste (SOB) recibieron en promedio un 35% más que en 2018, contra una inflación anual del 54,5% informada por el Indec. En la práctica significó una reducción de 20 puntos porcentuales a valores reales una vez descontada la inflación. Este ajuste que se aplica en toda la provincia golpea con mayor fuerza en una región donde, por sus características, los fondos de la coparticipación dan cuenta de gran parte de los presupuestos municipales, llegando a cubrir, en algunos distritos, hasta el 85% de los recursos disponibles.

Para compensar, los ejecutivos municipales recurrieron al aumento de la recaudación propia. Se estima una suba promedio de las tasas del 50% para toda la región, pero ese promedio se alcanza con aumentos, por ejemplo, de hasta el 80% en el ABL en Puán y el 100% para el agua potable en Torquinst.

La crisis presupuestaria, marcada por el endeudamiento, es generalizada. En algunos distritos, los tarifazos no llegaron a tiempo para evitar una crisis terminal. Ahorcados por la situación, en Coronel Suárez y en Púan los Concejos Deliberantes declararon la emergencia económica con el objetivo de imponer un ajuste del gasto público. Ambas situaciones coinciden en algo más: los ajustes apuntaron especialmente en el sector de la salud pública.

“Coronel Suárez: el sistema de salud está en la cuerda floja”, titula el diario La Nueva Provincia (09/03). “Si esto sigue así, no creo que podamos aguantar más de dos o tres meses dando los mismos servicios”, advierte el intendente Moccero. En principio el ajuste ya empezó con el recorte de salarios. Se redujeron un 50 % las horas extras al personal del hospital y se recortaron los salarios de las trabajadoras y trabajadores sociales.

En Puán el año comenzó con la demora en el pago de los salarios de los trabajadores municipales. Los últimos en recibir sus salarios fueron los trabajadores del hospital municipal de Darregueira y los médicos de todo el distrito, que cobraron con más de quince días de atraso. La emergencia económica declarada el 1° de febrero habilitó restricciones en la atención de emergencias, dejaron de atenderse las obras sociales y se reprogramaron intervenciones quirúrgicas en los hospitales y salas de primeros auxilios de todo el distrito.

Cada vez son más evidentes las consecuencias del pago de la deuda y el ajuste del FMI sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador. Un sistema sanitario en ruinas, que no puede atender la demanda “normal”, menos aún podrá hacer frente a una epidemia. Abajo los tarifazos, aumento salarial para los trabajadores municipales y de la salud, presupuesto de salud acorde a las necesidades y controlado por los trabajadores.

No al pago de la deuda, fuera el FMI.