29/06/2021

Superávit trucho en los municipios bonaerenses

Intendentes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio unidos por el ajuste.

En un comunicado del ministerio de Economía, Martín Guzmán se jactaba de un primer trimestre con el déficit financiero más bajo de los últimos seis años. En plena pandemia y con un agravamiento brutal de todas las necesidades sociales, la reducción del gasto público es claramente una confirmación del ajuste fiscal pactado con el FMI y el capital financiero.

En realidad, el gobierno de los Fernández se quedó corto, porque el déficit fiscal de los tres primeros meses del 2021 es el menor desde el 2013. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) los datos de ejecución presupuestaria hasta abril mostraron que “no hubo un fuerte crecimiento del gasto asociado específicamente a la pandemia”, y sí “una reducción de gastos en rubros relevantes como lo son las jubilaciones y asignaciones, más los salarios públicos, que contemplando el efecto de la inflación muestran caídas reales de entre el 8% y el 10%”.

En los municipios bonaerenses los intendentes peronistas y amarillos, de Juntos por el Cambio, replicaron este “ahorro fiscal” a costa de los salarios de hambre de los trabajadores municipales y la falta de obras. Un superávit contradictorio con el millón ochocientos mil de contagios en la provincia de Buenos Aires, los casi 47.000 bonaerenses fallecidos y las carencias de los hospitales provinciales y municipales que llevaron a las salas de terapia al borde de la saturación. El ministro de Salud, Daniel Gollán, y su vice, Nicolás Kreplac, tuvieron que reconocer que –después de la apertura económica y la vuelta a las clases presenciales- la curva de contagios volvió a subir con el agravante de las frías temperaturas, la ola polar y la amenaza de la cepa Delta más contagiosa y letal.

¿Superávit?

Aunque faltan conocerse datos de varios municipios, algunos picaron en punta proclamándose como modelos de “ordenamiento fiscal”. La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, del Movimiento Evita, declaró que su comuna pasó de ser la más deficitaria de la provincia a tener superávit. También lo hizo el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk, del Frente de Todos, quien reivindicó cuentas superavitarias, mientras que Juntos por el Cambio achaca el “sobrante” a salarios municipales bajísimos. En la mira de este discurso de campaña del superávit municipal están las elecciones legislativas, la disputa por la confección de listas de “unidad” en el pj-kirchnerismo bonaerense y la interna bonaerense en ebullición de Juntos por el Cambio.

Desde la otra “vereda”, el peronismo denuncia al intendente cambiemita de Chacabuco por haber pedido asistencia a la gobernación para pagar los sueldos de sus trabajadores, mientras declara tener superávit en el presupuesto. La lista de intendencias que se proclaman superavitarias es mucho más extensa y abarca a jefes comunales de todos los colores, desde el intendente peronista de Colón, al peronismo “republicano” del PRO de Manuel Passaglia en San Nicolás, y los alcaldes de Magdalena, Necochea y Patagones, también de Juntos por el Cambio. En todos los casos, el Frente de Todos y la oposición de derecha se acusan mutuamente de subejecutar las partidas (especialmente para salud) y de depositar los fondos subejecutados en el Banco Provincia para beneficiarse del cobro de los intereses.

En este tira y afloje, unos y otros votan a favor o en contra los presupuestos municipales según sean oficialistas u opositores. Lo que se presenta como una normalización de las cuentas municipales es un combo de ajuste, especulación financiera y pactos con Kicillof. Como denunciamos en Prensa Obrera, el Presupuesto Provincial 2021, que siguió al prorrogado presupuesto 2020 de “tierra arrasada” de María Eugenia Vidal, fue votado por oficialistas y opositores después de que los intendentes se asegurasen un incremento de las partidas directas del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Municipal (FIM) y el compromiso que estos fondos lleguen antes de las elecciones. Se ajusta a los trabajadores para financiar las campañas electorales y para nuevos negociados de las intendencias con la patria contratista.

Ajuste salarial a los municipales

La respuesta a este superávit ajustador viene del lado de los trabajadores. Los municipales matanceros y los autoconvocados de los hospitales de este municipio vienen movilizándose por el aumento salarial, la reapertura de la paritaria y denunciando el 32% en cuotas acordado por la dirección de sindicato. Acusan a la intendencia de Fernando Espinoza de no respetar la ley de paritarias municipales ni la carrera municipal y hospitalaria. El discurso de “justicia social” de Espinoza y la vicegobernadora Magario encubre la flexibilización salarial, porque una parte muy importante de los bajos salarios municipales está atada al presentismo y por lo tanto no llega a los jubilados.

Al igual que todas las burocracias sindicales, el titular del gremio municipal de La Matanza se defendió de las acusaciones de entreguismo fingiendo sorpresa por el aumento del costo de vida. Una impostura cuando estaba claro que el 29-30% de inflación consignado en los presupuestos nacional y provincial era completamente trucho. El dibujo de la inflación fue el cepo, aceptado por las direcciones sindicales que pactaran las paritarias a la recontra baja y en cómodas cuotas. Una colosal transferencia de los ingresos de los trabajadores destinada a subsidiar a los capitalistas y a pagar la deuda externa a los bonistas buitres del Comité de acreedores.

Tiempo atrás, la Confederación de Trabajadores Municipales reclamaba por boca de Rubén “Cholo” García que el salario mínimo –fijado por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil- fuese el “salario de referencia” para todos los municipales del país, como ya ocurre en la provincia de Buenos Aires. Este “piso” de miseria se aprobó en el 2014 con el concurso de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo), que también lidera García y que hoy equivale a un salario de indigencia de $25.500, que recién llegará a los $29.000 en febrero del 2022. Una estafa, que confirma la integración de la burocracia a los gobiernos de los Fernández y de Kicillof.

Qué se abran los libros y las cuentas municipales

Según un informe de la Asap, el 76% de las jurisdicciones no cumple con el requisito de “transparencia fiscal municipal”. Municipios como La Plata integran este pelotón de intendencias “no transparentes”, de acuerdo al índice elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública que toma en cuenta la “visibilidad” de los gastos presupuestarios en las páginas web oficiales de cada comuna. Está muy claro que la “transparencia” es la excusa para blanquear el ajuste, pero aún así da cuenta de gobiernos que no cumplen siquiera con la formalidad de publicar la situación económica-financiera y los plazos preestablecidos para presentar sus ejercicios de gastos. La falta de “transparencia” responde a los intereses sociales que defienden las intendencias y los concejales patronales, y por lo tanto de un régimen social y político que gobierna a espaldas de los trabajadores.

El programa del Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad tiene como puntos centrales el control de los trabajadores, la apertura de los libros y cuentas, la elaboración del presupuesto en asambleas populares para determinar prioridades y controlar su ejecución, el derecho a la revocabilidad de los funcionarios electos, la imposición de un gravamen extraordinario a los capitalistas regionales para financiar la salud, la vivienda y la urbanización de los barrios, y el aumento de los salarios de los trabajadores municipales acorde al costo de vida. Son las bases para una transformación social dirigida por la clase trabajadora.

Las plataformas municipales que impulsan los voceros del Partido Obrero son un campo de delimitación y confrontación política con los partidos burgueses en el conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires, para defender una alternativa obrera y socialista a los caciques del PJ- kichnerismo, a los intendentes de Juntos por el Cambio y a los “vecinalistas” que tributan para ambos lados de la “grieta”. Esta movilización política exige la acción unitaria del Frente de Izquierda Unidad con listas únicas en las elecciones y un gran despliegue de la militancia potenciado por un congreso y asambleas del FIT unidad en la provincia y las localidades.

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