La clausura del laboratorio Surar Pharma a partir de una inspección realizada por la (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) muestra una cara más de la emergencia sanitaria, esta vez la relacionada con el negocio espurio que se realiza con los fármacos. Se trata de una clausura motivada por múltiples irregularidades constatadas en su planta principal ubicada en la Capital Federal, y que coincide, a su vez, con la intervención del Hospital Posadas, donde se había denunciado el empeoramiento clínico de niños internados en la terapia intensiva, tratados con medicamentos provistos por Surar Pharma. Esta empresa tiene en su haber una inhabilitación previa, en el año 2010, y desde entonces numerosas tandas de medicamentos suyos fueron retirados del mercado, y recibió repetidas denuncias por parte de sus mismos trabajadores sobre violaciones en bioseguridad. La inspección anterior de Anmat, realizada en diciembre de 2014, había habilitado a la planta a producir a pesar de todo.

El caso Surar Pharma es una muestra feroz del negocio de las farmacéuticas en el marco del ajuste sanitario. Durante la década kirchnerista se ha montado un circuito de laboratorios destinados a producir drogas “genéricas” a menor costo del que disponen los grandes laboratorios. Lejos de ser un avance en la “soberanía farmacéutica” como pretenden demostrar desde el gobierno, el costo se mide en la salud de los pacientes. Los genéricos no son tales, ya que no tienen demostrada su bioseguridad o su bioequivalencia por la Anmat, un requisito indispensable para poder realizar una terapéutica apropiada, además de ser producidos en condiciones completamente inadmisibles, como se demuestra a partir de esta clausura. Las reglas flexibles de la Anmat son el aval del Estado para llevar adelante un recorte presupuestario. Se ha creado con este esquema, un verdadero lobby de empresarios farmacéuticos que reciben licitaciones millonarias y suculentas ganancias, y que a su vez financian las campañas del oficialismo. Esto es lo que sucedió con la campaña del Frente para la Victoria de 2007, donde la mayoría de los aportes provenían de laboratorios como Sanford Salud (vinculado con el Triple Crimen de General Rodríguez), Multipharma y Global Pharmacy.

Con esta clausura tardía, los primeros perjudicados son los trabajadores de Surar, quienes habían denunciado malos tratos, fallas en seguridad e higiene, así como una sistemática rotación del personal. La fuente de trabajo de 130 trabajadores, que fueron suspendidos, sigue aun en duda. Mientras el Ministerio de Trabajo y el Sindicato de Sanidad ignoran a los trabajadores, el representante de Anmat que se reunió con los trabajadores, Rogelio Lopez, amenazó con el cierre del laboratorio.

El Estado debe garantizar la estabilidad laboral y las condiciones laborales adecuadas a sus trabajadores como primer paso para cualquier plan de soberanía farmacéutica. Son ellos quienes denunciaron en primer lugar las atrocidades que se cometían incluso con el riesgo de perder su fuente de trabajo, demostrando la importancia del control obrero de la producción de fármacos: sólo en este marco se puede concebir una verdadera industria nacional de medicamentos. Los trabajadores debemos contrastar nuestra orientación hacia una salud pública que enfrente a los pulpos farmacéuticos, contra la del Estado capitalista que defiende sus ingresos millonarios y su ley de patentes que les habilita grandes monopolios a costa de la vida humana.