El nuevo derrame de cianuro de la Barrick Gold en la mina Veladero, ubicada en la provincia de San Juan, es un adelanto del desastre socio ambiental que potenciaría el Acuerdo Federal Minero –actualmente en debate en las comisiones del Congreso-, toda vez que lo que prima en el proyecto es el rescate de las ganancias de los grupos mega mineros y las inversiones de los capitalistas, no la vida ni la salud de sus trabajadores mineros ni de la población y tampoco busca una explotación minera al servició de la industrialización y el avance científico nacional.

 

El “incidente” -como lo califican los medios- de una infiltración de “solución rica”, debida a la desconexión de un caño, tal como informó la propia empresa, es el cuarto episodio en un año, al menos de los conocidos.

 

El gobernador sanjuanino Sergio Uñac (FpV) suspendió la actividad de la mina, hasta tanto reemplace la cañería en el valle de lixiviación, además de  imponerle una nueva multa. Un método repetido: ante el mayor desastre ambiental conocido en la historia de nuestro país (el derrame de alrededor de cinco millones de litros de agua cianurada por la Barrick, donde una quinta parte terminó sobre los ríos de Potrerillos, en agosto de 2015), el gobierno le impuso una multa de $145.606.000 en marzo de 2016.

 

¿Pero cuánto tiene de ganancias la Barrick Gold volando montañas, contaminando zonas periglaciares, descubriendo minerales raros? Nunca lo sabremos con exactitud porque tiene reserva de información otorgada por la legislación minera. Pero, sin duda, el monto de la multa multiplicado por una buena cantidad de veces.

 

Por otra parte, conforme al art. 264 del Código de Minería, para casos como el actual corresponde la "clausura temporal, la que será progresiva en los casos de reincidencia. En caso de tres (3) infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento."

 

El cierre del establecimiento, que contrasta con la mera suspensión temporal de Uñac, es lo que reclama la Asamblea del Agua “Jachal No se toca”  y la Asociación de Abogados Ambientalistas, además de la remediación correspondiente, y la consecuente prohibición de esta explotación sobre zona periglaciar, como lo plantean numerosos informes –incluso de la misma empresa-, ya que implica la violación de la Ley de Glaciares. Una sanción que el ministro de Ambiente, Sergio Bergman, no está dispuesto a hacer cumplir.

 

La protección estatal sobre la Barrick Gold se mantiene porque el gobierno necesita generar confianza para atraer a los inversores mineros extranjeros, como recientemente buscó en la Conferencia Minera de Toronto (Canadá) el gobernador Uñac y la gobernadora catamarqueña Lucía Corpacci (FpV), exponiendo las pautas del aún no aprobado Acuerdo Federal Minero y poniendo como ejemplo el acuerdo K de Vaca Muerta.

 

Hay una política común del PJ-FPV de Gioja-Uñac y Cambiemos a nivel provincial y nacional consistente en seguir favoreciendo, a costa de la depredación ambiental, la explotación minera, parasitaria bajo el capitalismo.

 

Esa alianza es la que pergeñó este Acuerdo Federal para rescatar a las empresas mineras en medio de la crisis capitalista mundial, con un “programa minero para el desarrollo social”. Esto con la ilusión –según dijeron- de  atraer capitales extranjeros para invertir u$s25.000 millones hasta 2021 que sumarían 40.000 nuevos puestos de trabajo.

 

Ya tiene el aval del COFEMIN (Consejo Federal Minero), un organismo de la época menemista que se revitalizó con el aval del PJ-FPV, y ahora se encuentra en etapa de revisión por parte del Consejo Federal de Medio Ambiente,  lo que algunos ansiosos analizan como un freno. Sin embargo, no se ha escuchado a ese organismo pronunciarse sobre el nuevo derrame de cianuro de la megaminera canadiense, ni tampoco por los anteriores.

 

Este acuerdo deberá votarse en el Congreso de la Nación para alinear todas las provincias con las pautas del mismo, a pesar de las objeciones de Chubut y La Rioja, que tienen legislación prohibitiva de la minería metalífera y del uso de cianuro en la explotación a cielo abierto.

 

Se busca así ofrecerle a los empresarios mineros seguridad jurídica, ante la existencia de legislaciones provinciales prohibitivas de la minería metalífera, como las que también existen en Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Tucumán y San Luis.

 

Nuestro bloque del PO-FIT, con participación en la comisión de Minería, ha expuesto su rechazo al Acuerdo Federal Minero, insistimos mediante proyectos de ley en la prohibición de la minería con sustancias tóxicas, la prohibición de la Barrick Gold en San Juan y la remediación con mantenimiento de salarios de los trabajadores mineros, y ante los repetidos derrames exigimos que la comisión de Minería y Recursos Naturales de diputados se constituya en Veladero, como también exigimos la  interpelación del ministro de Ambiente Sergio Bergman.