El gobierno nacional ha presentado un nuevo decreto que dispone que "las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte", para usuarios que no puedan afrontar el pago de facturas, medida que se extenderá por el plazo de 180 días, período declarado para el estado de emergencia.

El destino del mismo abarca a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, por Embarazo, los inscriptos en el monotributo social, jubilados, pensionados, monotributistas que no perciban el doble del salario mínimo, electrodependientes y empleadas de casas particulares, sumando a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo, instituciones públicas afectadas por la crisis sanitaria.

Esta medida es sólo una aspirina para las grandes preocupaciones crecientes de las familias de  trabajadores precarizadxs y desocupadxs del país sobre cómo afrontar las cargas de los servicios, alquileres, e impuestos en el futuro.  

En el artículo 1º establece que las prestadoras de servicios no podrán disponer del corte ni la suspensión del servicio "en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020". También, que "las empresas prestadoras… …deberán otorgar a los usuarios y a las usuarias, planes de facilidades de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas aquí dispuestas", sin dar mayores especificaciones.

El gobierno así habilita la postergación de los pagos de facturas de servicios generando un endeudamiento  de las familias trabajadoras más precarizadas, y además,  dejando la puerta abierta a que ese endeudamiento sea mayor por aplicación de intereses a las cuotas a adeudar, dado que sobre la formulación de los planes de pago, sólo dice que serán elaborados por las empresas prestatarias, pero sin establecer ningún tipo de restricción a las mismas, sólo que deberá ser con la  “conformidad de la Autoridad de aplicación”, en este caso el Ministerio de Desarrollo Productivo.

 Por otra parte, el decreto que parece colocar al gobierno como garante de la prestación de servicios básicos a la población en este cuadro de crisis sanitaria, no condice con la realidad que viene padeciendo un gran sector.  A nivel nacional, más de cuatro millones de personas que habitan en barrios no tienen acceso formal a servicios públicos (Ing. Eva Koutsovitis (UBA) a Agencia TSS). La falta de acceso al agua de red alcanza al 10% de los hogares en centros urbanos (indicadores de hogares del INDEC), casi veinte millones de personas no cuentan con cloacas y el 80% de los residuos cloacales van a parar, sin tratamiento previo, a ríos y arroyos (Cenarsecs-UBA).  Sin ir más lejos, la semana pasada, en la ciudad de La Plata, unos 80mil usuarios de diferentes barrios, y entre ellos decenas de escuelas, se encontraban sin provisión de agua por parte de ABSA en los primeros días de la cuarentena voluntaria y proseguía hasta estas horas.

Los miles de millones en concepto de subsidios estatales a las prestadoras de servicios, como los aumentos de tarifas, han sido un canal de enriquecimiento, y aumento del patrimonio, de los capitalistas que controlan estas empresas, y no un canal de inversión y mantenimiento de la infraestructura para garantizar un funcionamiento básico.

Para hacer frente a los costos de vida cotidianos es necesario un seguro al parado de 30 mil pesos, y en este sentido no podemos poner al caballo por delante del carro. El pago de servicios, alquileres e impuestos debe suspenderse bajo todo concepto para lxs trabajadores informales, monotributistas, jubiladxs, pensionadxs  y desocupados hasta que el estado no les garantice un ingreso para poder cubrirlo. Ni que hablar de la cancelación de todo tipo de facturas a quienes no se les ha garantizado la provisión del servicio.

La suspensión de cortes y la postergación de pagos debe establecerse con la prohibición de aplicación de intereses a las cuotas, siendo de aplicación  a todas las familias laboriosas y pequeños comerciantes que se han endeudado por los aumentos confiscatorios de tarifas de los últimos años.

La salida a la crisis pasa por centralizar los recursos del país, no en el pago de la deuda usuraria, sino para planificar la producción de insumos esenciales (hospitalarios, alimentos…) y de su distribución, inyectando recursos en los sectores industriales de estos bienes esenciales y para reconvertir los sectores de la industria no afectados a la producción de estos bienes.

 En este marco de emergencia, la suspensión del corte de servicios por falta de pago es insuficiente. La nacionalización de las empresas de servicios públicos bajo control de trabajadores y usuarios es imperiosa, en primer lugar para terminar con el derroche de los recursos del estado en manos de los capitalistas, y luego para colocarlos en la inversión y la reorganización de la producción, transformación y distribución de la energía y recursos naturales enormemente necesarios para la producción industrial, el desarrollo nacional y, centralmente, del sistema de salud.