En la última sesión de la Cámara de Diputados, la ley que suspende el “consenso fiscal” aprobado en 2017 obtuvo sanción definitiva. A partir de ahora, las provincias y los municipios podrán incrementar las alícuotas de los impuestos locales, como Ingresos Brutos y Sellos. Lo ocurrido es el resultado de un acuerdo entre el gobierno nacional y los gobernadores en función de redirigir parte de las transferencias a las provincias hacia el pago de la deuda, pasándole la factura a los trabajadores por la vía de impuestazos.

El “consenso fiscal”, pactado durante la gestión presidencial de Macri entre el ejecutivo y los gobernadores, establecía una reducción gradual de los impuestos provinciales hasta 2022. Se trató de una reforma impositiva a la medida de las patronales, la cual incluyó, no solo rebajas en Ingresos brutos, sino también una reducción del impuesto a las ganancias para las empresas del 35% al 25%, reducción de contribuciones patronales, el pago del impuesto al cheque a cuenta de ganancias, entre otras prebendas. Los gobernadores aceptaron estas modificaciones que atentaban contra la recaudación de sus respectivas provincias ya que se trataba de una demanda de las burguesías locales.

Vale aclarar que dicha reforma tributaria fue aprobada en su momento, con el acuerdo entre peronistas y macristas, junto con la ley antijubilatoria sancionada el 18 de diciembre de 2017, que consagró una pérdida del 19,5% de los haberes. Es decir, que formaba parte de un paquete de medidas al servicio del gran capital. Orientación que fue profundizada por Alberto Fernández, quien modificó la movilidad jubilatoria, divorciando las jubilaciones de la inflación.

Ahora bien, la suspensión del consenso y la vía libre para aumentar impuestos como Ingresos Brutos no obedece a la adopción de un rumbo opuesto al del macrismo, sino por el contrario, responde a la voluntad del gobierno de ahorrarse dinero de los fondos de coparticipación federal para utilizarlo en el repago al FMI. Como contrapartida, habilita a las provincias a engrosar su recaudación por medio de impuestazos. Como se ve, toda la política oficial está orientada a reducir el gasto del Estado -en este caso las transferencias provinciales- con el objetivo de rescatar el conjunto de la deuda usuraria, descargando el peso del ajuste sobre los trabajadores.

Esto significará un golpe al bolsillo popular, puesto que las empresas compensarán la suba impositiva trasladando esos mayores costos a los precios que paga el consumidor. De ese modo, se echa leña al fuego de la inflación en ascenso, mientras que los salarios experimentan un enorme retraso en relación al incremento del costo de vida. La única manera de controlar que no ocurra es abriendo los libros de las empresas, sin embargo, ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales están dispuestos a tomar resoluciones que afecten los intereses de las patronales.

A su vez, la modificación no supone ningún avance en la creación de una legislación impositiva más progresiva. Permanecen intactos los gravámenes que pesan sobre las espaldas de los trabajadores como el IVA y el impuesto al salario. Y, por su parte, continúan las concesiones a la clase capitalista: no se reponen los aportes patronales -perpetuando el desfinanciamiento de la caja previsional y de las obras sociales-, ni se actualizan los impuestos al inmobiliario rural, ni se aumentan las retenciones irrisorias que pagan las mineras y las petroleras.

Además, el incremento de Ingresos Brutos afectará tanto a empresarios como a cualquier trabajador cuentapropista, sin importar el nivel de ingresos que cada uno perciba, con la diferencia de los primeros cuentan con la espalda suficiente para hacer frente una alícuota mayor, a diferencia del segundo caso. Por otro lado, la posibilidad de aumentar los impuestos locales dará lugar, por ejemplo, a subas en las tasas municipales que pagan las viviendas de la población trabajadora.

Mención aparte merece la impostura de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, que se rasga las vestiduras denunciando la fuerte “presión tributaria” que existe en el país, sin embargo, la mayoría de sus legisladores votaron a favor de esta ley. Se pone en evidencia que solamente bregan por exenciones impositivas para las patronales y apoyan, como en este caso, cuando la carga fiscal es transferida a los bolsillos de los trabajadores, generando un incremento de la recaudación en las provincias donde les toca gobernar.

Es necesario contraponerle a todo este esquema fiscal regresivo, la anulación del impuesto al salario y del IVA, junto con la aplicación de un impuesto progresivo y permanente al gran capital y a las rentas extraordinarias del sector agropecuario, las mineras, las petroleras y los pulpos financieros e inmobiliarios. Por un impuesto inmobiliario rural actualizado a los precios de mercado. Reposición de los aportes patronales. No al aumento de los precios como resultado de subas en Ingresos Brutos, apertura de los libros contables de las empresas.

Estos recursos, junto a los recaudados como resultado de romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria, deben ir destinados a un plan de desarrollo nacional y a satisfacer las necesidades sociales en materia de vivienda, salud y educación. Es el planteo que defendemos desde el Partido Obrero y Frente de Izquierda Unidad como parte de una salida de los trabajadores a la crisis.