La conducción del Suteba ha dado a conocer un proyecto de reforma de la constitución provincial en el punto refe­rido a educación. En ella, el marysanchismo (Frente Grande) propone una educación clerical y privada.

El proyecto plantea “garantizar el ejercicio pleno de ese derecho (a educarse) a todos los habitantes”, omitiendo señalar la obligación por parte del Estado de suministrar un ser­vicio educativo gratuito y aun (como en la ley 1420) de construir escuelas se­gún el número de habitantes. Al excluir la responsabilidad indelegable del Es­tado en la educación, el proyecto está planteando la promoción de la educa­ción comercial y clerical.

El proyecto también plantea una “educación obligatoria no menor a 10 años”, es decir hasta los 15 años, excluyendo la segunda etapa del se­cundario, lo que está en conformidad con los planes de liquidación de la enseñanza media. La “obligatorie­dad” tampoco se refiere al Estado sino a los dudadanos.es decir que equivale a un planteo de represión contra los que no puedan ir a la escuela.

“Todos los servicios oficiales y no oficiales de la provincia de Bue­nos Aires conforman el Sistema Educativo Provincial, plantea el pro­yecto, declarando explícitamente el apoyo a la enseñanza privada y confe­sional, es decir, privatizando la educa­ción. También señala que “las personas físicas o jurídicas pueden crear establecimientos educativos e im­partir enseñanza”, haciendo aún más explícita la posición privatista.

El proyecto reserva a la “órbita nacional” sólo a las universidades, lo que equivale a aceptar la política de traspaso educativo, incluida la munici­palización (que es el próximo paso en la demolición de la escuela pública).

“El gobierno y la administración del sistema educativo será ejercido por el Ministerio de Educación y Cultura”, y habrá un Consejo General de Educación sólo como “organismo de consulta”. Luego de eximir a) Esta­do de la responsabilidad de ofrecer educación universal y gratuita. Suteba lo reintroduce a la hora de “gobernar” la educación, es decir, fijar la política y contenido de ésta. Pero el Estado es una maquinaria de opresión de natura­leza clasista. Suteba rechaza así el autogobierno escolar, formado por la comunidad docente y pedagógica.

El proyecto de Suteba no reivindica una sola de las conquistas históricas del magisterio: la elección democrática de las juntas de disciplina y calificación, la defensa de un mínimo salarial y de j su actualización o la garantía de un haber jubilatorio del 82% (lo que para Mary Sánchez, empeñada en asociar- se a una AFJP es cosa “pasado’)

El redamo de un “fondo de educación” no interior al 8% del PBI y a partir de impuestos directos es pura retórica parlamentaria, para evitar el reclamo claro y simple de la duplicación del sueldo docente y la fijación de un mínimo en pesos.