Hace ya cinco meses, el gobierno menemista atravesó una violenta crisis política con el estallido del llamado “Swift-gate”. Entonces, el embajador Todman denunció por “corrupción” a los funcionarios del entorno presidencial, en particular a Emir Yoma. Dos meses después, una nueva y violentísima crisis sacudió al gobierno cuando la justicia española incriminó a los Yoma y a otros altos funcionarios en el lavado de narcodólares. Cayeron ministros, cayeron secretarios de Estado, intervino la justicia pero la crisis política, lejos de haberse cerrado, está hoy al rojo vivo.

El detenido Caserta —que teme convertirse en un “chivo expiatorio” acaba de amenazar al propio presidente con “hablar y dejar pegados a todos” si no se le concede la excarcelación. Menem —que envió inmediatamente a Devoto a su amigo e Interventor de la Casa de la Moneda, Armando Gostanian, a “tranquilizar" al detenido— declaró poco después que “Mario Caserta podría quedar libre por falta de méritos” (La República, 24/5). La liberación del único funcionario detenido por el caso del lavado de narcodólares, sin embargo, pondría al gobierno en una situación insostenible.

El juez Pons, por su parte, acaba de reabrir la causa por el “Swift-gate” y se apresta a tomar declaración indagatoria a todo el gabinete y al propio Menem, algo que “perturba el sueño del presidente” (ídem) ante la oleada de deschaves y acusaciones cruzadas en puerta. Se ha relanzado públicamente, y con una inusitada violencia, el enfrentamiento de las camarillas y clanes gubernamentales.

Las dos denuncias que pusieron al gobierno al borde del “knock-out” fueron motorizadas por la diplomacia norteamericana, lo que explica la violencia de la crisis política que desataron. Todman, con el “Swift-gate”, acusó al gobierno de albergar clanes “hostiles a los Intereses norteamericanos”, reclamando entonces la entrega de las privatizaciones y demás prebendas al capital norteamericano en detrimento de la “competencia” europea. La prensa europea, por su parte, señaló que fueron la CIA y el Mossad (el servicio secreto israelí) los que destaparon el lavado de narcodólares en el Plata con el objetivo de hundir al clan Yoma.

El escándalo del narcotráfico y el “Swift-gate” tienen más de un punto en común, además de que el blanco en ambos “operativos” era el clan Yoma. Es que el Rio de la Plata se había convertido en una seria “competencia” para la banca norteamericana que —operando desde los “paraísos" de Bahamas, las islas Caimán o el Panamá post-Noriega— detentaban el monopolio del lavado. La “conexión rioplatense” “es una manera de soslayar la costosa Intermediación norteamericana” (La Nación, 9/5) que la banca estadounidense —necesitada del “aire” que le dan los 500.000 millones de dólares anuales del narcotráfico para enfrentar su virtual estado de quiebra— quiere destruir.

Y es la misma diplomacia norteamericana la que ha vuelto a poner los escándalos del gobierno menemista en primer plano. El Senado norteamericano acaba de abrir una investigación sobre el lavado de narcodólares en el Río de la Plata mientras que el secretario de Estado adjunto, el vicecanciller norteamericano, Lawrence Eagleburger, acaba de comunicarle a Cavallo la “enorme preocupación” de la diplomacia yanki por la “corrupción” que campea en Buenos Aires. Como lo acaba de comprobar la jueza Servini de Cubría, el gobierno menemista ha quedado reducido al papel de rehén de la diplomacia estadounidense. Cuando la jueza requirió la colaboración de la DEA (la agencia norteamericana encargada de la lucha contra el narcotráfico) para esclarecer el caso de los narcodólares, los funcionarios estadounidenses en Buenos Aires respondieron que “tenían que hablar con sus superiores en Washington antes de contarle lo que sabían” (Clarín, 19/ 5). “Tanto misterio —concluye Clarín— lleva a suponer que los datos que puede proporcionar la DEA son capaces de provocar conmoción en estas playas”.

El Departamento de Estado utiliza las “pruebas”, las esconde o las fabrica para extorsionar al gobierno menemista y obligarlo a ir a fondo en la capitulación en todos los terrenos, desde la deuda externa a la diplomacia, pasando por el Condor II y la entrega de privilegios de toda índole a la “inversión” norteamericana (como en el caso de la Enron, que acaba de ser “beneficiada” con la adjudicación de la planta separadora de gases en Neuquén).

Pero ni siquiera esta capitulación sistemática asegura la supervivencia de un gobierno cuya base social se esfuma, cuyos choques internos son cada vez más violentos y al que un abismo de odio lo separa del pueblo trabajador. Los escándalos —que son una expresión de la descomposición del régimen político— demuelen al gobierno tanto como su encubrimiento y las capitulaciones con que pretende comprar el silencio de la diplomacia norteamericana. El pago de la deuda externa —al vaciar de dólares el BCRA— inviabiliza el plan Cavallo y anuncia su explosión. La hiperinflación, la crisis política y, como consecuencia de ambas, la derrota electoral llevan a la caída del gobierno. La prensa extranjera ha destacado las recientes declaraciones de Menem sobre el carácter “desastroso” que tendría para el gobierno la pérdida de la mayoría en el parlamento. Y lo hace, no tanto por la importancia del Congreso para una aprobación rápida de las leyes que necesite el gobierno sino, y por sobre todo, porque el parlamento es el organismo llamado a resolver en caso de una “crisis Institucional”.

Las “relaciones carnales” que el canciller Guido Di Tella pretende mantener con los Estados Unidos se han convertido en una cotidiana violación.