Mientras el gobierno nacional se encuentra “diseñando” el esquema de aumentos tarifarios que impondrá a partir de mediados de marzo, un creciente número de gobiernos provinciales vienen avanzando en la imposición de subas que van desde el 20% al 37%. Medidas que preparan el tarifazo nacional.

Se trata de lo dictaminado por los entes reguladores de cada provincia, que escapan a la jurisdicción nacional, a pedido de las empresas concesionarias del servicio. En un cuadro de marcada tendencia inflacionaria, estas subas representan una nueva confiscación a los bolsillos de los trabajadores.

Las provincias que ya han resuelto subas de este tipo son Tucumán, Salta, Mendoza y Entre Ríos, mientras que se espera que Chaco se sume a la partida. Se trata de jurisdicciones gobernadas por distintas fuerzas políticas (oficialistas y opositores), lo que vuelve a dejar al descubierto que en materia de tarifazos y ajuste no existe brecha alguna.

Deudas y aumentos

Los capitalistas parasitarios que manejan el negocio de las concesiones de la distribución del servicio eléctrico vienen reclamando la liberación de las tarifas y aumentos que equiparen las mismas a la inflación. Aunque no existe ninguna contabilidad que sustente esas pretensiones con un informe del costo del suministro energético e incluso de una suba en los costos de producción subyacentes.

Ante la medida del gobierno que congeló las tarifas hasta mediados de marzo, las empresas se han valido del suministro energético que centraliza la estatal Cammesa sin abonar los correspondientes importes. Esto ha generado una deuda que asciende a unos $142.000 millones, mientras el gobierno otorgó subsidios energéticos por $440.189 millones en 2020.

Las provincias han iniciado este ciclo de aumentos con la coartada de poner al día sus obligaciones. El gobierno promulgó hace algunos días el decreto que establece el marco regulatorio para que las empresas deudoras (la mayoría) paguen lo adeudados en un plazo de cinco años, con un periodo de gracia de seis meses y una tasa de interés reducida a la mitad: una especie de moratoria que podría implicar incluso la condonación de pasivos por vía de acuerdos específicos.

En Mendoza, el aumento promedio fue del 30%, cuya empresa beneficiaria (Edemsa) se encuentra en manos de los recientes adquisidores de Edenor, Daniel Vila y José Luis Manzano. En Salta, se aprobó un aumento del 21,78% que se adiciona a otros aumentos del 18% de a mediados del 2020. En Tucumán, se resolvió una suba del 23,4% en enero y otra del 13,6% a partir de abril. Entre Ríos pactó un aumento del 33% que regirá desde el 1° de marzo. En Chaco se espera una suba por arriba del 30%.

Tarifazos

Es sabido que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra elaborando el “esquema de tarifas” que prepara el gobierno para marzo, el cual se señalan que podría venir con un aumento promedio del 40% (o más), bajo alguna modalidad acotada de segmentación.

Que este gobierno apunta hacia los tarifazos es innegable, cuando se afirma que desde el Ejecutivo nacional no están dispuestos a pasarse de lo dispuesto por el presupuesto de ajuste del 2021, lo que implica, para este gobierno, liberar las tarifas.

Otro sería el cantar si se tomaran medidas para resguardar el bolsillo de los trabajadores y terminar con el negocio parasitario de las distribuidoras y de toda la cadena energética. Esto demandaría la apertura de los libros de las empresas para determinar el costo energético real y la nacionalización de toda la cadena energética y su control por trabajadores y usuarios.