El 23 de marzo, en el Colegio de Abogados de La Plata, la gobernadora María Vidal ha convocado a una audiencia pública cuyo objetivo es hacer pasar un aumento del 150% en la tarifa de los servicios de agua y cloacas de La Plata y en el interior de la provincia, que afectará a millones de habitantes.

Este nuevo tarifazo se da en el marco del rechazo de Aguas Bonaerenses (Absa), que se ha negado a acatar el fallo judicial ratificado en noviembre de 2014 por la Suprema Corte de Justicia bonaerense que obliga a devolver a los usuarios 2.000 millones de pesos de un tarifazo anterior aplicado en 2012 y rechazado por la Justicia.

Absa, en los últimos ocho años, ha operado como una caja negra de Scioli y de sus socios de la Comisión Directiva del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (Sosba), quienes a través de Mako SA y 5 de Setiembre SA tercerizaron las obras sin pasar por proceso alguno de licitación y varios otros negocios ilícitos.

Scioli y ahora Vidal, mediante auditorías, dibujaron un déficit anual de más de 1.000 millones de pesos. Los estudios encargados por el nuevo gobierno “están sospechados de ser una cortina de humo” (Hoy, 10/3). Así “la herencia recibida” y el quebranto por “la falta de inversiones y mantenimiento alcanza a las 77 plantas depuradoras cloacales y a 18 plantas potabilizadoras, entre ellas la de Punta Lara (Donato Gerardi) que cumplió 60 años y su vida útil era para 30”. El informe indica “cuadrillas desmanteladas y cañerías con más de 100 años de uso”, a esto se suma “un gasto extraordinario por roturas de bombas, andamiajes en deterioro y mayor consumo de potabilizantes, mientras otro tema acuciante son los desbordes cloacales”.

Apoyándose en el escenario en llamas aportado por sus informantes, Vidal pretende decretar la emergencia hídrica, apoyada por el intendente Héctor Gay, de Bahía Blanca, quien indicó “que para que la intervención (de Absa) tenga lugar se deberá aprobar la emergencia en Infraestructura en la provincia. Es que, según fuentes del Ejecutivo, el plan de la gobernadora es inyectar fondos obtenidos vía endeudamiento para la inversión en las redes de agua potable y cloacas” (La Verdad, Junín, 18/12/15). Esta jugada evitaría el proceso de control licitatorio y la gobernadora apuraría un plan de inversiones por más de 5.400 millones de pesos mediante créditos de la Corporación Andina de Fomento.

Otra definición política de Vidal en Absa ha sido la designación como presidente de Rafael Sardella, quien viene de ser parte orgánica de una caja negra llamada Correo Argentino e imputado por el fraude al Estado de las “consolidadoras”, negocio en el que respondió a Franco Macri y a Julio De Vido.

Un lacerante interrogante que va a sobrevolar la audiencia pública del 23 de marzo es si Vidal seguirá adelante con la adjudicación trucha de la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Punta Lara que le fue otorgada por Scioli en 2012 a Mekorot (empresa israelí acusada de graves violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza), luego de una polémica licitación hecha a su medida. La compulsa de precios se hizo sobre un plan de obra que había diseñado previamente la empresa israelí que no prevé reemplazar (como corresponde) primero la red de distribución que tiene más de cien años.

Por agua potable en cantidad y calidad sin arsénico, salinización ni contaminación por metales pesados.

Que se abran los libros contables de Absa y la gobernación, auditados por las comisiones de vecinos, usuarios y la asamblea de trabajadores de Absa.

Hay que poner a Absa, a las obras de infraestructura (licitación-adjudicación-seguimiento y final de obra) y a los créditos (su obtención, manejo y aplicación) bajo control de las comisiones de usuarios y de la asamblea de trabajadores de Absa.