El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció, entre su primer paquete de medidas, el recorte en los subsidios energéticos y del transporte, y el aumento de las tarifas de los servicios de electricidad, gas y transporte público, que impactarán contra el deteriorado poder adquisitivo de los trabajadores.

Aunque aún no se conocen precisiones sobre el alcance de la desregulación del Estado, sí se sabe que la medida comenzará a regir a partir de enero de 2024, impactando de inmediato en la tarifa del transporte público y al mes siguiente en las boletas del consumo de gas y electricidad. Según lo indicado, se mantendrá el esquema de segmentación tarifaria para la aplicación de los aumentos.

Caputo “justificó” esta medida señalando que la emisión monetaria que respalda los subsidios va directo al aumento en los precios que luego pagan los trabajadores. Sin embargo, la medida adoptada es profundamente inflacionaria, porque incidirán sobre toda la cadena de valor, trasladándose al precio final de bienes y servicios

Los tarifazos en el gas y la electricidad complicarán el consumo de las familias obreras, con facturas que podrían más que duplicarse, para sostener el negocio millonario de los capitalistas, que pasarán de recibir abultados fondos públicos a cobrar una tarifa “plena”. Se trata de un salto en la confiscación contra los trabajadores y en la transferencia de recursos desde estos hacia las patronales energéticas, petroleras y concesionarias de servicios públicos (distribución, transporte).

Para el caso del transporte público, está amenazado el traslado de millones de trabajadores. El gobierno saliente había cuantificado con la liberación total, el boleto de tren costaría 1.100 pesos y el de colectivo pasaría a 700. Incluso un boleto que llegase a la mitad de los esos guarismos implicaría un cepo a la movilidad de los trabajadores.

El solo hecho de trasladarse todos los días al lugar de trabajo podría llegar a un costo mensual que superará los 10.000 pesos. Ni hablar de quienes llevan a sus hijos a la escuela o frecuentan instituciones sanitarias, etc.

Nada de esto pareciera que vaya a quedarse acá. La devaluación del peso va a presionar para seguir aumentando las tarifas acompañando la cotización del dólar. La equiparación de los precios de los combustibles a los valores internacionales va a repercutir en nuevos boletazos; y si llegara a aplicarse una política similar con el precio del gas, se multiplicaría el costo tanto de su distribución a hogares e industrias como la de la energía eléctrica -que lo tiene como principal insumo.

Los subsidios energéticos y al transporte han sido todos estos años un negocio de las privatizadas, que ahora son premiadas con la liberación de tarifas, cuando en verdad debe procederse a la apertura de sus libros y la determinación real del costo de los mismos para garantizar el acceso de los trabajadores a dichos servicios. Más aún cuando la recomposición general de los salarios no está sobre la mesa del gobierno de la motosierra y el ajuste.

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