Concretado el acuerdo de reestructuración de la deuda externa con los bonistas y aprobada la ley para el canje de la deuda en dólares bajo legislación local, el gobierno de Alberto Fernández se sentará a precisar el mentado “plan económico” con el FMI. Para contestar a las especulaciones que colmaron declaraciones de funcionarios acerca de una supuesta benevolencia del organismo en el contexto de la pandemia, nada menos que el representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, sostuvo de manera tajante que este solo “financia procesos de ajuste o de crisis de balanza de pagos o de endeudamiento. Esa es su naturaleza” (La Nación, 6/8). Claro como el agua.

El propio Fernández hizo una declaración reveladora de lo que se viene, al afirmar que para alcanzar sus objetivos de generación de inversión en pos de reactivar la economía y exportar “todo lo que se pueda”, priorizarán sobre todas las cosas la acumulación de reservas, un dólar competitivo y alcanzar el equilibrio fiscal. No hace falta ser economista para notar que el repago de la deuda condiciona todo el horizonte del gobierno. Es en este marco que hay que analizar el curso de tarifazos que se abre.

El aumento del 7% en el precio de los combustibles es solo la señal de largada de un esquema de tarifazos, que apunta a recortar los abultados subsidios a toda la cadena. En primer lugar, ese incremento difícilmente cubra todo lo que reclamaba el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, cuando hablaba de un “atraso muy significativo”.

Para meter presión, Nielsen recordó públicamente a Alberto Fernández que “YPF, que es el gran productor de petróleo y gas de la Argentina, se financia con el precio del surtidor. Hay que evitar lo que pasó en años anteriores: si no podemos invertir terminamos importando petróleo y gas. Es una frazada corta”. El naftazo es así una medida para evitar la fuga de dólares. Es también una cesión a las operaciones de las petroleras que se dedicaron estos meses a exportar el crudo, aprovechando la baja de las retenciones al 0%, ya que a su turno llevarían a la Argentina a ser exportadora de la materia prima e importadora de los combustibles procesados.

Lo mismo vale para el nuevo Plan Gas 2020-2024, que busca incentivar la producción para revertir una tendencia que de perpetuarse obligaría a gastar miles de millones de dólares en los próximos inviernos. Para eso se realizará una subasta de contratos directos de abastecimiento garantizando un precio promedio de 3,5 por millón de BTU, aproximadamente un 50% más de lo que estuvo cotizando los últimos meses a nivel internacional, que incluirá un plus del 30% sobre los volúmenes extra que se entreguen en los meses de invierno. Para compatibilizar este esquema con una reducción del costo fiscal de los subsidios, el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas aseguró a las distribuidoras que podrán trasladar el precio del gas a las tarifas de los usuarios.

La presión por evitar que se escurran los dólares, necesarios para el repago de la deuda, se cuela por todos los poros. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, sostuvo que la reactivación poscuarentena se limitará a las industrias que menos importaciones demandan (El Cronista, 5/8). Esto porque el superávit de la balanza comercial no se debe a un aumento de las exportaciones sino a un derrumbe de las importaciones, acicateado por la parálisis productiva, y por lo tanto rápidamente podría desvanecerse con el retome de la producción.

Nada de esto revertirá, de todas maneras, el ajustazo en marcha sobre YPF. Nielsen fundamentó que ello es ineludible porque el nivel de deuda de la compañía sobre la producción total se quintuplicó en la última década, a lo que hay que sumar que la propia Afip le reclama 15.000 millones de pesos de incumplimientos tributarios. Preparando las condiciones para esta ofensiva, el propio burócrata petrolero Guillermo Pereyra coincidió en que “la empresa requiere de una drástica reducción de personal para ser rentable y eficiente”.

Los otros aspectos para incentivar la producción petrolera son también clásicos. Se basan en avanzar en una reducción de los costos de producción a fuerza de flexibilización del convenio colectivo de trabajo y una devaluación en regla para deprimir los costos internos en relación con los internacionales, y la libre disponibilidad del giro de divisas al exterior. Todo el paquete es un golpe contra el pueblo trabajador, que desde el mes que viene deberá afrontar además, en plena pandemia, aumentos de hasta el 13% en las las tarifas de celulares, internet y televisión por cable.

Los tarifazos son entonces la puesta en marcha del famoso plan económico que reclama el FMI, que implicará un fuerte ajustazo, en especial sobre las jubilaciones. Fue para contar con garantías de que el gobierno ejecutará ese ataque contra las masas trabajadoras que los bonistas impusieron en el acuerdo un esquema que, sumando la deuda local y externa, obligará a Alberto Fernández a pagarles 6.000 millones de dólares en el resto del mandato. A ello se suman los 2.100 millones que deberá pagar al Club de París en mayo próximo, entre otros vencimientos con organismos internacionales. Esto cuando las reservas netas del Central se ubican por debajo de los 8.000 millones de dólares.

El gobierno se verá sometido al fuego cruzado de los reclamos de los distintos sectores de la clase capitalista, cuando la UIA exige subsidios estatales y las cámaras agropecuarias buscan barrer con las retenciones. El único punto de apoyo de todo el “plan” es trasladar a los trabajadores la factura del quebranto nacional, con devaluación y ajuste. Urge una deliberación en el movimiento obrero para preparar las grandes batallas que se vienen. Abajo los tarifazos.

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