El gobierno anunció un aumento del 35% para la Tarjeta Alimentar, muy por debajo de lo que haría falta para recomponer lo perdido con el incremento del costo de vida. Este programa fue creado presuntamente para garantizar el acceso de las familias a una canasta básica alimentaria, la cual hoy se ubica en $64.074 para un hogar de tres integrantes. Con el aumento, los montos a cobrar pasarían a $17.000 por mes para aquellas familias que tienen un solo hijo o hija y $26.000 y $34.000 para los hogares con dos y tres hijos respectivamente. No llegan ni a la línea de indigencia.

Esto desnuda que la medida que el gobierno promociona como “una mejora en los ingresos de las familias para garantizar la canasta básica”, no pasa de ser un acto de demagogia que en nada resuelve los problemas que tienen las familias trabajadoras para poder comer. Al contrario, mientras los alimentos aumentan sin parar el gobierno promueve otra actualización a la baja de la Tarjeta Alimentar, puesto que durante febrero de 2023, la variación interanual de la canasta básica alimentaria fue del 115,1% y acumulan incrementos del 19,8% desde diciembre de 2022 (Indec, informe IPC Febrero 2023).

Con estos números, queda claro que un aumento de 35% en realidad representa un ajuste en la asistencia social, en línea con los recortes que está llevando adelante el Ministerio de Desarrollo Social a cargo de Tolosa Paz, el cual viene de recortar 160 mil planes Potenciar Trabajo, dejando a miles de hogares pobres sin su principal ingreso, para cumplir con el FMI.

Así, la inflación licúa permanentemente el poder de compra de la tarjeta, esta es una herramienta que también utiliza el gobierno para licuar el resto de los gastos públicos, sobre todo los presupuestos destinados a Educación, Salud y Vivienda. En este caso, la prestación de la Tarjeta Alimentar está a cargo de la Secretaría de Inclusión Social que dirige la camporista Laura Alonso, encargada de pasar la tijera de Massa y el FMI por el programa.

Sin ir más lejos, se supone que esta medida suma $121.000 millones a la inversión destinada a asistencia alimentaria ya existente pero, solo durante el primer trimestre del 2023, el Banco Central pagó por intereses de Leliqs, en promedio por mes, $700.000 millones. Le pagan intereses usurarios a la banca y a los especuladores a costa de ajustar a los más vulnerados en algo tan básico como es el acceso a la comida, algo que se expresa también, por ejemplo, en las denuncias que realiza la Unidad Piquetera sobre los recortes en alimentos a los comedores.

La intención del gobierno entonces no es revertir la situación de acuciante crisis social a la que nos han llevado con sus políticas fondomonetaristas, al contrario, buscan viabilizar el golpe a los trabajadores que exige el FMI, el cual, según los últimos informes, promete redoblarse en lo que resta del año. De hecho, en el último informe, el organismo sugirió enfáticamente que los “dobles beneficios sociales” deben eliminarse. La Tarjeta Alimentar, por ejemplo, es cobrada por personas que, por su situación social, cobran alguna otra asignación o pensión, lo que entonces podría significar que el programa quede absorbido por estas últimas, que también representan montos miserables.

Esto también se suma al cúmulo de motivos por el que la Unidad Piquetera volverá a salir a la calle la semana que viene, en consonancia con el plan de lucha votado en el plenario piquetero nacional, para exigir la restitución de los beneficiarios dados de baja, la apertura y aumento de los programas sociales, trabajo digno y alimento para los comedores.

Tenemos que romper con el FMI y su programa, así como con todo el pacto de pago de la deuda externa y el saqueo y el coloniaje al que nos somete. La lucha por terminar con el hambre solo puede venir de la mano de una transformación social de fondo dirigida por los trabajadores y los explotados del país.

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