20/02/2020

Tarjetas de crédito: sigue el negociado de los bancos

La medida del gobierno no alivia el endeudamiento.

Luego de acordarlo con la gran banca, el Banco Central anunció finalmente que pondrá un tope al costo de financiación con tarjeta de crédito, que será del 55% anual. Sigue siendo una cifra usuraria, después de tanto discurso oficial sobre terminar con este fenomenal negociado. Vale tener en cuenta que dentro del Costo Financiero Total la llamada “tasa pura” es solo una parte; en promedio, con el conjunto de los ítems, la tasa total de financiamiento rondará el 80%.


Al mismo tiempo se estableció que en el caso de las tarjetas de crédito no bancarias (como las fintech o las que emiten las cadenas de supermercados) las tasas de interés no podrán superar el 25% por encima del promedio de la tasa de créditos personales de las entidades financieras. Ahora bien, como la última tasa promedio publicada es del 101,7% (Infobae, 20/2), el tope se ubicaría hoy en el orden del 125%.


Los bancos dieron su aval a esta medida del gobierno, luego de haber batido todos los récords de ganancia no solo en base al otorgamiento de créditos usurarios sino también de haber cosechado abundantes beneficios con las tasas de interés que embolsaban por las Leliqs. Aun así, como argumentaban que ya realizan un “esfuerzo muy grande” por adherirse al plan Ahora 12 -por el cual prestan al 20%- se les habilita a reducir los encajes bancarios (la parte de los depósitos que debe quedar en el banco para atender retiros) hasta el 35%, de manera que tendrán más dinero disponible para hacer negocios.


La disposición del Banco Central venía siendo anticipada por el gobierno, que se quejaba porque en los últimos dos meses la tasa de referencia que fija el BCRA descendió del 63% al 44%, pero ello no se trasladaba a las tasas que prestan los bancos –aunque estos sí lo habían utilizado para reducir lo que pagan por los plazos fijos minoristas al 31%, por debajo de la inflación. En cuestión de negocios, la banca nunca pierde.


Con todo, la fijación de un tope, más que incentivar el consumo como aseguran los voceros oficiales, atiende un problema que se estaba volviendo inquietante: el crecimiento de las moras y de los refinanciamientos. Ello porque se multiplicó la cantidad de personas que paga solo el mínimo del monto de la tarjeta, acumulando el resto de la deuda como una bola de nieve –hasta caer en la insolvencia.


Hace unos meses, desde un banco privado declaraban que “la tasa de mora de nuestra cartera subió más de un 60% en el último año. Se da incluso con gente que mantiene el empleo, pero no está llegando a fin de mes, en especial en sectores medios y bajos. Gente que pagaba todo el resumen pasó a hacerlo a medias, los que pagaban la mitad pasaron al mínimo, y eso, al actual nivel de las tasas, deriva en casos de incapacidad de pago” (Clarín, 3/10). Ante ello, las entidades procedieron el año pasado a endurecer las condiciones de acceso a préstamos personales, restringir la admisión de nuevos usuarios y congelar los límites de compra de las tarjetas de ciertos clientes.


Este círculo vicioso es producto del encarecimiento del costo de vida y la pauperización de los ingresos de las familias trabajadoras. Tanto es así que las tarjetas de crédito fueron el medio más utilizado para comprar productos de primera necesidad, y también crecieron significativamente todas las líneas de préstamos. Una consultora privada relevó que en diciembre el stock total de préstamos de las familias alcanza la friolera de 1,87 billones de pesos. Según una estimación de una entidad de capital extranjero, la tenencia alcista seguiría en enero con un crecimiento del 30% en las colocaciones respecto de diciembre (Tiempo Argentino, 22/1).


El último informe sobre esta cuestión publicado por el Banco Central, de marzo del año pasado, calcula que ya en 2018 las familias del país pasaron a arrastrar una deuda equivalente a 3,2 meses de sus salarios, generada en tres cuartas partes por el uso de trajeras de crédito y la toma de préstamos personales. Esta realidad es más grave en los sectores más pobres de la población, dentro de los cuales el endeudamiento pasó a representar casi el 47% de sus ingresos anuales.


Esta bomba de tiempo, sin embargo, no alcanza a contener el derrumbe del consumo, que en enero habría caído alrededor de un 5% en comparación con el mismo mes del año pasado. Esa merma se sintió mayormente en productos de limpieza, alimentos frescos, lácteos, congelados y bebidas. La venta de electrodomésticos, por su parte, cayó un 24% durante el año pasado medida en cantidades. Contra la publicidad oficial, el programa Precios Cuidados no incrementa la demanda sino que solo genera una migración hacia otras marcas.


Este drama está lejos de haberse cerrado. Basta con apuntar que, según las cifras del Indec, la Canasta Básica Alimentaria -la cantidad mínima de comida para la subsistencia de una familia- subió en enero 5,7% hasta los $16.478, por encima de la jubilación mínima aún después del aumento anunciado como “solidario” por el gobierno (y que se cobrará recién a partir del mes que viene). La Canasta Básica Total, entre tanto, aumentó el mes pasado 3,6% para situarse en $40.373, tras lo cual se contabilizan 16 millones de personas por debajo de la línea de pobreza.


La lucha contra el robo a los jubilados y el congelamiento de la movilidad, contra la entrega de las paritarias con acuerdos de sumas fijas por debajo de la inflación y la liquidación de las cláusulas gatillo, es una pelea elemental por terminar con esta destrucción de las condiciones de vida de las familias trabajadoras que, para colmo, sirve de base para enormes negociados de la banca.

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