La situación en el norte de Salta, a poco más de un mes de concluida la pueblada, sigue convulsionada, pues el gobierno nacional y el provincial, con la complicidad de la Iglesia, se han encargado de burlar el cumplimiento de lo pactado. No sólo no han procedido a un empadronamiento único de los desocupados del departamento San Martín, sino que a la hora de repartir los planes Trabajar han discriminado a muchos desocupados, concentrando puestos en determinadas familias. Con ello pretendieron fomentar el divisionismo y la pelea entre los propios desocupados. Por eso, el 13 de junio diversos grupos de desocupados de Tartagal y Mosconi volvieron a cortar la ruta reclamando 7.500 puestos de trabajo genuinos, procurando darle una salida positiva al problema. En el petitorio de 31 puntos que se levantó durante la pueblada se planteó el reclamo de 15.000 puestos de trabajo genuinos, pero sólo se logró la continuidad de los planes existentes, o sea un poco más de 3.000, completamente insuficientes y devaluados salarialmente. Este corte se levantó el 19 de junio con promesas de nuevas negociaciones que hasta el día de hoy no se han iniciado. Por otro lado, la Justicia federal ha seguido citando a la ciudad de Salta a diversos trabajadores a declarar, cuando en el acta acuerdo se había establecido que no habría acciones judiciales contra los vecinos que participaron de la pueblada. Es evidente que quieren crear un clima de intimidación y desconcierto.

Por otro lado, en todos los pueblos del norte de Salta, el gobierno nacional y provincial, a través de los intendentes (o los interventores) y concejales y sus punteros rentados están promoviendo y han logrado la formación de comisiones de desocupados digitadas, en muchos casos simples sellos, pero que, con manija en los medios, son usadas para fomentar el divisionismo y la confusión. En este mismo terreno se han lanzado las cámaras patronales tanto de Mosconi como de Tartagal (cámara de comercio, madereros, etc.), quienes con una profusa agitación han salido a desacreditar los cortes de rutas y a impulsar la formación de multisectoriales, donde los desocupados y vecinos son digitados por punteros políticos al servicio de las patronales. Un proceso similar se ha producido en el movimiento autoconvocado docente, donde los elementos aliancistas están jugados a vaciar al movimiento y aislar la lucha reivindicativa sólo al departamento San Martín.

Con todas estas maniobras, presiones, e inclusive provocaciones de los servicios, los gobiernos nacional y provincial han logrado imponer una suerte de impasse en el proceso de lucha, buscando ganar tiempo para intentar disgregar a los diversos movimientos de lucha que se pusieron en pie al calor de la pueblada. Este cuadro, ante la previsión de nuevos estallidos, y la denuncia sobre distintas corruptelas, ha llevado a la Iglesia a retirar a Caritas del papel de garante en la distribución de los planes Trabajar, pasando a un segundo lugar en el escenario, para preservarse como recurso (indudablemente ya muy desgastado), por si la situación nuevamente llegara a salir de cauce.

La cuestión crucial para la vanguardia luchadora de los diversos movimientos de lucha es cómo unificarse en una estrategia común. Para ello es necesario la realización de un Congreso de trabajadores en base a delegados mandatados de todas las organizaciones de lucha del norte de Salta, donde se haga un balance y se resuelva cómo continuar la lucha para que se dé cumplimiento a lo pactado, y por el conjunto de reivindicaciones levantadas en el pliego de 31 puntos y que no fueron contempladas en el acta-acuerdo.

(*) En base a informes de Pepe Barraza y Claudio del Plá.