El aumento de las tasas municipales, conocidas como ABL (alumbrado, barrido y limpieza) o TSG (tasa de servicios generales), según el distrito, ronda entre el 40 y el 60% en los principales distritos del conurbano bonaerense. Un verdadero golpe al bolsillo popular. Estos “tasazos” encuentran a pejotistas, kirchneristas y macristas como los impulsores, y tienen por hilo conductor nutrir las cajas municipales en el cuadro de ajuste nacional y provincial.

El ranking de los impuestazos más altos lo lideran dos cristinistas de primera cepa. Por un lado, el intendente cristinista de Avellaneda, Jorge Ferraresi, impuso un aumento del 60% que corre desde el mes de enero, teniendo como piso los $1.000 mensuales para viviendas de hasta 45 metros cuadrados, y casi $2.000 para el resto de las viviendas.

Por su parte, la recientemente asumida intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también del núcleo duro cristinista, acordó con el exintendente Martiniano Molina un aumento del 48% con posibilidad de subir a 63%, votado antes del recambio de gobierno, y apoyado por los bloques macristas y pejotistas en el Concejo Deliberante. Un verdadero pacto de Estado contra los trabajadores quilmeños, que han sufrido despidos y un aumento de la carestía en gran parte de sus barrios.

Los intendentes de Cambiemos no se quedaron atrás en los aumentos de las tasas municipales, como se ve en Lanús y en La Plata. En este último distrito, el macrista Julio Garro largó un tasazo que llega hasta el 80%, con un 44% en promedio. Los concejales del Frente de Todos votaron en contra argumentando la crisis económica, cuando Kicillof hace lo mismo en su ley impositiva.

En Lanús, frente al aumento del 55% del macrista Grindetti, los concejales del Frente de Todos se dividieron en la votación: mientras los concejales massistas votaron a favor del aumento, los kirchneristas votaron en contra con la claridad que no volteaban el aumento. Una división de roles que vimos varias veces durante el gobierno de Macri.

En otros distritos gobernados por peronistas sucede lo mismo. En Ezeiza el “tazaso” llega al 55% de aumento, y en Morón el sabbatellista Lucas Ghi aplicó un aumento del 50%. Como se ve, no hubo grieta ni ideologías en este punto.

Los aumentos de tasas en prácticamente todos los distritos del conurbano se justifican en la inflación pasada, un criterio que el gobierno no quiere utilizar para las discusiones salariales, que se basarían en una estimación de la inflación futura tirada a menos.

Basta seguir lo que pasa en los distritos vecinos o, incluso, en el debate de la ley impositiva provincial, para descubrir estos actos demagógicos, donde pejotistas y macristas juegan uno u otro rol, según ocupen el sillón oficialista o de “opositores”.

La disputa de Kicillof con la oposición por la ley impositiva le sirve al gobernador para presentar como progresista un impuestazo que tiene por destino el pago de la deuda, que suma vencimientos en enero por encima de los u$s500 millones. Si bien los aumentos pueden alcanzar a algunos sectores capitalistas o grandes propietarios de la ciudad y el campo, los impuestazos golpean ampliamente a un sector de los trabajadores, que han recibido aumentos salariales en porcentajes mucho menores.

El Partido Obrero se coloca en el campo de los explotados, por la eliminación de los impuestos y tasas a la vivienda única, y plantea que un impuesto sobre la especulación inmobiliaria financie un plan de viviendas populares para garantizar el acceso a una casa propia a trabajadores y jóvenes. De esta manera contraponemos un programa de la clase obrera frente a pejotistas y macristas, que tienen en agenda el pago de la deuda externa, y la defensa de los capitalistas y grandes terratenientes, no las necesidades populares más sentidas como son, entre otras, la posibilidad de acceder a una vivienda y la urbanización de los barrios más postergados.