El miércoles pasado el gobierno anunció la aplicación de un impuesto (retención) a la exportación de gas. Permitiría recaudar 40 millones de dólares este año, que se destinarían a la construcción de un gasoducto. Clarín (27/5) presentó el asunto como una especie de confiscación a los monopolios para paliar la crisis energética. Pero en las páginas interiores de toda la prensa de ese mismo día se informa que el gobierno se plantea “eximir” del pago de impuestos por más de 210 millones de dólares a Techint, precisamente, para que “construya un gasoducto”.

El mentado “aumento” de las retenciones, entonces, encubre un millonario subsidio a la empresa de bandera del gobierno, TechKirchner. La cuestión tiene, además, su costado político particular, porque la viabilidad de este proyecto depende de la exportación de gas boliviano, que el gobierno de Mesa quiere hacer pasar en un referéndum fraudulento en julio próximo, repudiado por todas las organizaciones populares del Altiplano.

Para responder a la acusación de que se trata de “un incentivo fiscal directo al grupo Techint” (Clarín, 28/5), la empresa propone ahora asociar al consorcio constructor “a petroleras que tienen reservas probadas en Bolivia: Repsol-YPF, Petrobras, British Gas y Total”. No es todo. Para construir el gasoducto, otro aspecto “clave” es que el gobierno defina una suba en la tarifa actual que rige para el transporte del gas (El Cronista, 28/5). El negocio además, sería adjudicado a Techint sin licitación y con una “rentabilidad asegurada” del 12%. Sin haber renegociado ningún contrato con las privatizadas, el gobierno de Kirchner extiende el modelo de contrato menemista en beneficio de sus amigos capitalistas.

La plata que no hay para subsidiar la “garrafa social” se acumula de a millones en los bolsillos de los grandes pulpos. La “crisis energética” se ha transformado en un enorme negociado.