La edición de ayer del oficialista La Nación anuncia que el gobierno nacional “no avalaría en las paritarias aumentos que superen el 20%”, a tono con “la inflación proyectada en el presupuesto 2017”, que prevé pasar del 38% a “entre el 17 y el 20%” en el año que comienza. En todo caso, la vía de mantener altas las tasas de interés para controlar los precios –incluida la fuerza de trabajo– preanuncia una mayor recesión. 

El macrismo toma como un "valioso antecedente" el ruinoso acuerdo de María Eugenia Vidal con los gremios estatales bonaerenses (que se extendería a toda la administración pública nacional) del 18% anual en cuotas.

Se trata de un ataque en regla contra el conjunto del movimiento obrero. En primer lugar, las subas previstas consolidan el retroceso del salario de los trabajadores durante 2016 (cuyo incremento nominal fue de 10 puntos por debajo de la inflación). Es lo que han puesto de manifiesto, recientemente, los trabajadores de la industria lechera –con su demanda de un segundo aumento de 23% en la paritaria 2016– y los médicos de la Provincia de Buenos Aires, que rechazaron la irrisoria oferta de un aumento del 1,6% por el fin del año. 

El previsto índice a la baja para los salarios contrasta de lleno con los beneficios a las empresas privatizadas de servicios –premiadas, luego de los brutales aumentos procesados en 2016, con tarifazos de hasta el 100% para el período entrante.

La pretensión de fijar un techo a las paritarias se combina con la perpetuación del impuesto al salario a quienes superen el umbral de la canasta familiar –como lo hacía el kirchnerismo– y con el plan antiobrero previsto por el flamante ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que incluye una reforma laboral a la medida de los capitalistas –reducción de los aportes patronales y la conversión de los planes sociales en subsidios a los empresarios para contratar mano de obra precarizada–, la reforma de la ley de riesgos de trabajo, el aumento de la edad jubilatoria y el zarpazo en el PAMI.

El artículo de marras señala también que “en el Gobierno se entusiasman también con atar la negociación salarial a la productividad” y reseña que “el caso paradigmático será el de los petroleros de Neuquén” en el que “se negoció con Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado, una reducción en los costos laborales a cambio de dinamizar la llegada de inversiones”. Mientras la “llegada de inversiones” está puesta en tela de juicio por la crisis capitalista internacional, la entregada del convenio petrolero firmada por Pereyra que se toma como modelo (al igual que la de los burócratas K de los gremios petroleros de Santa Cruz y Chubut) implica un brutal retroceso del salario y la seguridad laboral –esto, cuando el gobierno pretende, además, limitar el derecho de los trabajadores a hacer juicio.

El rol entreguista de la burocracia sindical, que ha dejado pasar el conjunto del ajuste macrista, es claro. La reacción de los líderes de la CGT frente al anuncio de los techos paritarios confirma que mantendrán esta orientación: Juan Carlos Schmid afirmó que “nadie aceptaría ahora esa pauta hasta no ver cómo se desarrolla la inflación” (ídem), desconociendo la caída en los ingresos durante 2016, y el massista Héctor Daer “pidió esperar la evolución de los precios en el primer trimestre”. Andrés Rodríguez, de UPCN, sostuvo sencillamente que “tal vez no nos molesta una paritaria similar. Habría que esperar qué impacto tendrán los aumentos que están en carpeta: combustibles, tarifas y prepagas”.

La lucha contra el techo a las paritarias y la defensa irrestricta de las conquistas obreras –contra las reformas laboral y previsional– forma parte central de la agenda que tiene planteada el movimiento obrero contra la avanzada del macrismo, ligada a la conformación de una alternativa política de los trabajadores y la pelea por una nueva dirección en los sindicatos.