Recientemente, el gobierno nacional anunció con bombos y platillos la constitución de una compañía estatal de telefonía móvil. La flamante Arsat, según palabras de De Vido, serviría para "aumentar la competencia" en el sector y quebrar el monopolio de las telefónicas. Después de tanta alharaca, sin embargo, los K decidieron dar marcha atrás con el plan.

El proyecto de llevar adelante inversiones en infraestructura y redes móviles quedó archivado. Pero el recule va más lejos, porque el gobierno ha terminado por avanzar exactamente en el sentido inverso. Acordó con Movistar, Personal y Claro que ellos utilicen las frecuencias asignadas a Arsat, cuyo valor supera los $1.000 millones, a cambio de que algunas cooperativas y pymes puedan revender sus servicios (como ya lo hace la Federación de Cooperativas Fecosur, que ofrece en algunas localidades los servicios de Personal, a través de la marca "Nuestro").

Pero lo mas escandaloso es que la cesión va a ser ¡gratuita!. El Estado les va a regalar el uso de frecuencias de alto valor económico, que iba a licitar con un precio base de $ 935 millones, a cambio de poder usar sus redes ya instaladas para dar un servicio más económico en algunas localidades del país.

El caso de Movistar es el más bochornoso: el operador móvil de Telefónica había tenido que devolver, cuando se fusionaron Movicom y Unifón -luego cambió su nombre-, 30 Megahertz (MHz) en la Región Norte, 35 Mhz en el Sur y 37.5 Mhz en AMBA, porque superaba el máximo permitido de 50 Mhz de ancho de banda permitidos; con este acuerdo, Movistar podrá utilizar parte de las frecuencias que tuvo que devolver en 2005. Es decir que, a través de la tercerización de los servicios que hará la estatal Arsat, la empresa española tendrá la posibilidad de sortear el tope que la ley fija en la explotación y usufructo de frecuencias. Personal y Claro también serán beneficiadas, porque podrán ampliar la capacidad de sus redes. Slim, dueño de Claro, es hoy en día uno de los capitalistas "amigos" del gobierno -y entre otras cosas, socio del Estado en YPF. La anterior subasta de frecuencias celulares en Argentina recaudó US$ 1.273 millones en 1999, cifra que fue pagada precisamente por Telefónica, Telecom y Claro. Los operadores móviles ahora no tendrán que pagar para usar las frecuencias que devolvió Movistar, pero a cambio se han comprometido a ceder parte del uso de la red a la estatal Arsat, quien será un operador mayorista de telefonía celular.

En síntesis, Arsat, al igual que la frustrada Enarsa en el área energética, no es más que un cascarón vacío, una fachada para poner al Estado como comisionista de las grandes corporaciones capitalistas. En este ramo, quienes terminan llevándose la tajada del león son los operadores que prestan el servicio, cuyo manejo queda en este caso enteramente reservado a las telefónicas. El papel al que quedará confinado Arsat es el de otra "caja negra" del kirchnerismo. Coincidente con esta entrega vergonzosa de las frecuencias, acaba de salir a la luz un escándalo que compromete a Arsat, envuelto en una operación bursátil que no registra antecedentes en el mercado, cediendo en alquiler títulos públicos de su propiedad a 20 años -cuando lo usual son operaciones, a lo sumo, a un año. Esto se une a denuncias sobre licitaciones y contratos de la empresa que dejan serias dudas.

En resumen, otra entrega "nacional y popular". Las "corpos", de fiesta.