Acaba de celebrarse en Tucumán la Audiencia Pública para considerar el acta acuerdo firmada entre el gobierno y Telecom en marzo pasado. A principios de mayo, una audiencia similar había tratado en Mar del Plata el mismo asunto con relación a Telefónica. Los acuerdos son idénticos y constituyen un modelo de continuismo con la privatización menemista. La privatización de los servicios telefónicos —ahora ratificada— fue una “piedra angular” de toda la política de entreguismo de los noventa: “Allanó el camino para la renegociación de la deuda externa que impulsó Cavallo en el marco del Plan Brady”, dice un informe de la Universidad de Quilmes. La vieja Entel fue “vendida” por 5 mil millones de dólares, en bonos que se compraban por el 10% de su valor.

 

La privatización se concretó bajo la forma de “licencia” y no de “concesión” para evitar así que se fijara un plazo de duración para los contratos; eran para siempre. Quedó consagrada inclusive una suerte de “extraterritorialidad” para los pulpos extranjeros, que tenían asegurados sus precios y beneficios por medio del ajuste automático con el índice de precios de Estados Unidos. Los pliegos originales comprometían al Estado a “garantizar” una rentabilidad mínima del 16%. Así, “la tasa de retorno calculada para los ejercicios 90/91 (10 meses) y anuales 91/92, 92/93 y 93/94, en un 41,3%; 42%, 42,4% y 36%, respectivamente, ha superado largamente la previsión de la garantía estatal”, admitía un informe de la Cámara de Comercio americana de 1995.

 

“Emergencia económica”

 

Luego de la caída de De la Rúa se aprobó la “ley de emergencia económica” que eliminó la “dolarización” de las tarifas y planteó “someter a revisión” el contrato original. Una parte del kirchnerismo, dirigentes de la CTA y también investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), contratados como consultores, plantearon la rescisión de los contratos. Invocaban la violación de diversos compromisos, que incluían inversiones no realizadas y lucros indebidos o fraudulentos: “rentas tecnológicas” por mejoras de productividad que no fueron trasladadas a los precios y “rentas de privilegio” por prerrogativas otorgadas por el Estado para el monopolio de la explotación del servicio.

 

Quiere decir que el gobierno actual podía inclusive apoyarse en la legislación duhaldista para anular la privatización. En 2003, desde los propios despachos oficiales se amenazó con revisar la condición de la propia “licencia”, aduciendo que se trataba de una suerte de otorgamiento eterno de propiedad sobre el patrimonio público. ¿Qué hizo finalmente el gobierno? Pasó una esponja a todas estas críticas y aseguró la continuidad “sin plazo” de la explotación del negocio para los licenciatarios.

 

¿Alternativa?

 

Las denuncias sobre los “incumplimientos” de las privatizadas volvieron a plantearse ahora en las audiencias de Mar del Plata y Tucumán. Las asociaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo pusieron de relieve el ocultamiento de beneficios recontramillonarios con diversas maniobras contables y estafas de todo tipo, como la de subestimar ganancias por la friolera de 1.400 millones de dólares en “pagos” no permitidos a las empresas “matrices”. Pero no dijeron que, con semejantes atropellos, hasta la legislación vigente permite plantear la anulación de los contratos.

 

Lo que abundó en cambio en las audiencias fue el reclamo de una mayor “competencia”, de un nuevo “marco regulatorio” más “transparente”. En esto las organizaciones de usuarios fueron acompañadas por las corporaciones capitalistas que pretenden morder en el negocio. Es el caso de la mexicana Telmex y de gigantes de las comunicaciones por cable que quieren disputar a Telefónica y Telecom el manejo de la red para la transmisión de imágenes y datos, el próximo paso de una pelea multimillonaria. El vocero de Telecom denunció que Telmex monopoliza el 90% del negocio de la telefonía en México.

 

Un planteo necesario

 

La “competencia” o la desregulación trucha no es una variante para desmontar el monopolio a perpetuidad de los monopolios privatizadores. Hay que exigir la investigación y castigo a los responsables del saqueo derivado de la privatización y la nacionalización sin pago de esta industria bajo gestión de los propios trabajadores. Las empresas telefónicas no tienen a su cargo el proceso industrial de los satélites, las fibras ópticas y los aparatos celulares; son intermediarias entre la industria y el consumidor. No aportan nada tecnológicamente.

 

El broche final: las “audiencias públicas” no tienen ningún carácter vinculante para el Poder Ejecutivo. El testimonio de la Audiencia y las “Actas”… van ahora al Parlamento… que tampoco puede discutirlas: sólo puede aprobar o rechazar lo firmado. Y ni siquiera eso: basta que la mayoría kirchnerista bloquee cualquier discusión para que a los sesenta días el acuerdo quede “con fuerza de ley”, aprobado de manera ficta (tácita), lo cual es inconstitucional. Kirchner ha salvado el principal negocio privatizador y endeudador del menemismo.