En el día de hoy, se tratará en la Cámara de Diputados el proyecto de ley impulsado por las organizaciones proteccionistas de los derechos de animales, que prohíbe las carreras de galgos y de perros en general, en todo el territorio nacional. La misma ya cuenta con media sanción del Senado,  establece multas de 80.000 pesos y  penas de prisión de hasta cuatro años para quienes infrinjan la norma.

Los proteccionistas que movilizaron a la puerta del Congreso para exigir la aprobación de la ley, fueron atacados por la mafia de los galgueros, hiriendo a un joven activista de Animal Libre. Esta mafia está fuertemente vinculada a los intendentes y el Partido Justicialista; Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria, directamente vehiculizó el ingreso de estos lobbystas a la comisión que trató el proyecto.   

Néstor Pitrola, diputado del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, viene acompañando la lucha de las organizaciones defensoras de los galgos. Ha reclamado a las autoridades del Congreso y Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, que garantice la seguridad de las organizaciones y los diputados que apoyan el proyecto.

Por la tarde, las organizaciones realizarán una radio abierta y el bloque del PO-FIT ha solicitado autorización para que puedan ingresar al Salón de Pasos Perdidos, adyacente al recinto donde se tratará  la ley.

Las carreras de galgos constituyen un negocio capitalista basado en la explotación de los animales, el juego clandestino basado en las apuestas privadas y la ludopatía, que mueve miles de millones de pesos en todo el país.

Los diputados del Partido Obrero han presentado un proyecto propio que ataca de raíz este negocio, estableciendo la clausura de los lugares donde se realizan las carreras, la inhabilitación de los funcionarios que participan o las amparan, la confiscación de los bienes y el destino de estos recursos a la construcción de refugios para los perros, que sufren secuelas de todo orden después de haber estado sometidos a un régimen de torturas en estas carreras.

La ley que se somete hoy a votación es un primer paso en esa dirección y constituye un avance en la lucha para terminar con estas lacras sociales.