El gobierno nacional culminó la “intervención” de la empresa Edesur con nulos resultados y compromisos de dudosa ejecución, al tiempo que para este mes de mayo está prevista la supresión de parte de los subsidios en el servicio eléctrico, con impacto en los hogares de “ingresos altos” y en los de ingresos medios con “altos consumos”: un cóctel explosivo, según mandato del FMI, en medio de la crisis económica y social.

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi anunció el fin de su parodia de intervención a Edesur, luego de los cortes de luz masivos, con una carta titulada “La certeza del deber cumplido” y el compromiso de 280 obras y una inversión de $7.000 millones. Aunque solo se especificó una obra en puntual por un valor que cuadruplica el presupuesto total anunciado.

Lo obrado por Ferraresi no esclarece respecto a las responsabilidades del vaciamiento energético y patea el problema hacia adelante, en el marco de una empresa controladora (Enel) que desea retirarse de Edesur, sin muchos deseos de suplir en algunos meses lo que no han realizado en décadas de gestión.

La ausencia de previsiones claras sobre un eventual cumplimientod e estas inversiones pone en riesgo a la población ante nuevos cortes masivos con la alta demanda energética en la temporada de invierno. Mientras que deja el interrogante respecto a ¿qué se ha hecho con el dinero destinado a inversiones que no ha sido empleado para tal fin?, lo que deja a las claras un negocio fabuloso para las concesionarias privadas del servicio.

Se va la intervención y vienen más tarifazos

Lo que sí se impone como una realidad ineludible es el avance de los aumentos en la electricidad y la segmentación tarifaria, al ritmo de las demandas del FMI de trasladar los precios de las patronales a los bolsillos de los trabajadores y consumidores.

Se trata de la eliminación de subsidios al 35% de los usuarios de electricidad (unos 5,4 millones de usuarios), estimados como hogares de “ingresos altos” o que no haya registrado la solicitud de subsidios, quienes pasarán a tener un aumento de hasta el 93% en la tarifa eléctrica final.

Las subas también alcanzarán a los usuarios residenciales de ingresos medios con consumos superiores a los 400 KwH mensuales, quienes podrán sufrir aumentos que van del 5% al 70%.

A estos aumentos debidos a la eliminación progresiva de subsidios del Estado cabe agregarle los aumentos dictados por el gobierno en el ítem de distribución y en los otros componentes de la facturación.

De esta forma la tarifa media final para los usuarios de ingresos altos del Amba ascendería un 145% de febrero a la actualidad, pasando de $4.375 a $10.717 -con la quita de subsidios y la actualización del valor de distribución-, mientras que en los hogares de ingresos medios la tarifa media en el Amba crecería un 102%, pasando de $2.730 a $5.506 con impuestos.

A su vez, los comercios tendrán un aumento escalonado de las tarifas eléctricas, con un 31% en mayo, 17% en agosto y 7% en noviembre, lo que impactará en la inflación y en el traslado de los aumentos a los precios.

El gobierno sigue desenvolviendo las premisas del acuerdo con el FMI con medidas de tipo inflacionarias y en el marco de una crisis económica y social que se agudiza. La inflación devora los salarios e ingresos populares y atiza todos los indicadores sociales, la pobreza y la indigencia.

Contrario a lo obrado por el gobierno es necesario parar con esta política y dar marcha atrás a los tarifazos, abrir los libros de las empresas e intervenir toda la cadena de valor energética para determinar el costo real de la electricidad y trasladarle la factura a las patronales del sector con la nacionalización sin pago del sistema energético.

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