Políticas
25/8/2024
Terminal del Puerto Quequén, un negocio millonario para el complejo agroexportador
Kicillof negocia otra concesión por 20 años
Seguir
El puerto de Quequén
Kicillof negocia otra concesión por 20 años
El vencimiento de la concesión de la Terminal Quequén, la más importante de Puerto Quequén (Necochea) ha desatado una pelea de buitres por este gran negocio.
La empresa Terminal Quequén SA, integrada por Cofro, Bunge, Vitemar y otros socios menores del complejo agroexportador, maneja esta concesión desde 1994 y exige que se vuelvan a extender los plazos de la concesión vencida para seguir lucrando con un contrato leonino. Por el puerto de aguas profundas de Quequén pasa el 7% del total del movimiento de granos y cereales exportables del país, unas siete millones y medio de toneladas anuales. Los grandes grupos que constituyen Terminal Quequén SA controlan el 40% de la actividad del puerto situado en el partido de Necochea.
Qué está en juego
La concesión otorgada bajo el menemismo, 30 años atrás está vencida desde el 2021 y fue prorrogada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof hasta noviembre del 2024. La crisis derivada del vencimiento de la concesion del elevador de granos tiene repercusiones políticas nacionales como ocurriera con la planta natural de gas licuado y el Rigi (régimen preferencial de inversiones) de Milei. El radicalismo y la derecha acusan a Kicillof de querer confiscar recursos del “campo” para armar una empresa provincial de venta de granos.
El gobierno de Unión por la Patria niega que se proponga estatizar la Terminal Quequén. La disputa es por la concesión y los términos del nuevo contrato para explotar el elevador de granos y la infraestructura portuaria, que perteneciera a la Junta Nacional de Granos antes de las privatizaciones menemistas.
Negociando
Por lo pronto, los tiempos de la licitación podrían extenderse más allá de mediados del 2025. Esta demora empalmaría con la campaña electoral de “medio término” forzando una presión extra sobre el gobierno de Kicillof. Mientras tanto, está en curso una negociación que involucra al gobernador bonaerense, al ministro de Producción Augusto Costa y a la presidenta del Consorcio Gestión del Puerto Quequén (CGPQ), Jimena López, con los accionistas de Terminal Quequén SA para acordar los términos del nuevo pliegue licitatorio.
Todo apunta a que los actores serán los mismos, empezando por el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martins, que es el accionista mayoritario de la empresa concesionaria. Martins agita lo que el diario Página 12 llama el “fantasma de la estatización”. El directorio del CGPQ que preside Jimena López e integran varias cámaras patronales, entre ellas la Cámara Argentina de Actividades Portuarias, Coninagro, y la Cámara Aceitera junto al municipio, juega un papel clave en la negociación con Terminal Quequén SA.
Para Página 12, vocero del peronismo, el punto crítico del nuevo contrato sería el cupo que reclama la provincia -un 30% de la reserva de cargas- para usar el elevador de granos contra el pago del servicio. Sin más detalle, el gobierno afima que esta reserva sería para beneficiar a los “pequeños productores” frente a los grandes que se quedan con toda la rentabilidad. Morigerando las divergencias, Jimena López aclaró que se trata de una propuesta y no de un ultimátum. El otro punto que se negocia son las multas por las obras informadas y no hechas que ascieden a 12 millones de dólares.
La Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén denunció que Terminal Quequén SA incurrió en facturaciones truchas para cobrar sobreprecios y que es una evasora fiscal recurrente perjudicando al fisco bonaerense. Nada de todo esto pudo haber pasado sin la vista gorda de los sucesivos directorios del Consorcio Portuario.
Estirando la cuerda
La semana pasada se levantó la reunión del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén que debía hacer público el pliego de la nueva concesión. Está claro que esta postergación es parte de la negociación del gobierno con la empresa Terminal Quequén SA, y a la vez el resultado de las presiones internas de las cámaras patronales que integran el directorio del CGPQ. Es posible que tambien haya metido la cola el massismo, y que Jimena López tenga su propio juego como lo tiene el intendente bahiense Susbielles, aliado de La Cámpora, que adhirió al Rigi de Milei, dejando en off side a Kicillof.
La “confiscación” es agitada por la Mesa de Enlace Regional, el presidente de la Bolsa de Cereales y las Sociedades Rurales del Sudeste de la provincia de Buenos Aires, que han montado una campaña en defensa de los intereses de los grandes grupos cerealeros. En esos términos se refirieron también a una modesta tasa municipal que deberá pagar la empresa al municipio de Necochea. Los capitalistas le han tomado el tiempo a Kicillof que va de adaptación en adaptación y machacan aprovechando el fracaso político del gobierno con la planta de GNL.
Esta embestida incluye amenazas de sabotaje. El presidente de la Bolsa de Cereales lo está corriendo al gobierno de Kicillof con la amenaza de paralizar la operatividad portuaria -y por ende de la exportaciones- a partir del mes de setiembre – por la ” incertidumbre” generada con el vencimiento de la concesión. Entre las amenazas de Terminal Quequén SA está también el futuro laboral de los 120 trabajadores de la empresa. La soga se estira sobre el cuello de la clase obrera.
Breve historia de una entrega y de la lucha contra el saqueo
En estos 30 años, todos los gobiernos sostuvieron la entrega del Puerto de Quequén, enmarcada en la política de privatizaciones y descentralización portuaria del menemismo. También lo hizo Kicillof que rechazó una propuesta de estatización presentada por la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén. La privatización de los puertos ha servido en toda la Argentina para favorecer el contrabando y el ingreso del narcotráfico por vía marítima, también para violar las condiciones ambientales, enfermando y contaminando a los vecinos de Quequén, una zona obrera por excelencia.
Quequén y Necochea han sido escenarios de grandes luchas contra los privatizadores. En el 89 y 90, masivas movilizaciones populares frenaron el intento del Grupo Socma de Macri por quedarse con el puerto. La Asamblea por la Soberanía del Puerto nació denunciando los negociados de la empresa Terminal Quequén SA y el perjuicio ambiental que provoca. Si bien los dirigentes de la Asamblea apoyan la “reserva de cargas” de Kicillof, también reclaman la estatización de la Terminal para recuperar el control de este negocio millonario que se queda el complejo agroexportador.
El “Vicentin” de Kicillof?
La nueva licitación -que se dilata- mantiene el esquema privatizador. Ni siquiera prima -como lo ha denunciado la Asamblea- el interés por disponer de un “puerto testigo” provincial propio para controlar los fraudes y evasiones que se cometen en otros puertos. Kicillof va por el camino del arrugue porque no está dispuesto a pelearse con el “campo”, es decir, con las patronales agrarias que ya le cobraron el haber perdido la construcción de la planta de licuefacción de gas por no adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones del gobierno “libertario” .
El gobernador con aspiraciones presidenciales tampoco las tiene consigo con la presidenta del Consorcio del Puerto, que accedió al puesto en una negociación con Massa. Jimena López insiste una y otra vez con la solución negociada y busca conciliar intereses con el complejo agroexportador a cuenta del massismo. Volver a entregar la explotación portuaria a los “privados” no es una salida nacional, aunque se la barnice con la muletilla de los pequeños productores, que son muchas veces el mascarón de proa de los grandes grupos beneficiándolos con subsidios o desgravaciones impositivas.
Poner fin al saqueo
El gobierno de Unión por la Patria enfrenta vencimientos de deuda externa y problemas de caja que lo han llevado a una nueva tanda de emisiones de letras que endeudan a la provincia de Buenos Aires. Sobre esta crisis financiera golpean los cuervos de Terminal Quequén SA que presionan con parar las exportaciones de granos y cereales. Una política nacional exige terminar con las privatizaciones portuarias sacándolas del monopolio de las cerealeras para poner los puertos bajo el control estatal y de los trabajadores.
No es esta la politica del peronismo que se derechiza al compás de la crisis capitalista y las bravuconadas de Milei. El punto de partida es la nacionalización del comercio exterior para terminar con las facturaciones infladas y la evasión impositiva de la oligarquía y el gran capital agrario. En la historia de luchas de Quequén hay una rica reserva popular para enfrentar el saqueo.
