Hay más de 2.200 pasantes trabajando en Telefónica y Telecom. Se trata de pasantías universitarias donde supuestamente están realizando una práctica rentada. En realidad es un trabajo en negro que no tiene nada que ver con la carrera que estudian. Están con 8 horas –de acuerdo al Decreto 360 de Menem–principalmente en servicios como el 110, 112 y 114, que son tareas de carácter altamente estresante. Los trabajadores efectivos que realizan estas tareas en la empresa tienen un régimen jubilatorio diferenciado (un año menos por cada 5 años de trabajo) y jornada reducida. Informar un número por teléfono, es evidente que no da experiencia formativa para ser un futuro sociólogo. Estos compañeros pasantes, como trabajadores carecen de derechos convencionales, ya que la ley los considera estudiantes. Además, los contratos de pasantías prohíben expresamente cualquier actividad política o sindical. Las empresas tienen amplios beneficios con este régimen: no pagan cargas sociales, no pagan enfermedad y pueden descartar a los pasantes cuando quieran, sin ningún tipo de compensación indemnizatoria. Esto ocurre con empresas que ganan 1.000 millones de dólares por año en blanco (sin contar a sus subsidiarias: Publicom, Telinver, Advance, Arnet, etcétera).

 

El que suscribe esto, directivo del sindicato telefónico y candidato a Legislador del Partido Obrero, está encarando una campaña junto a otros compañeros candidatos y miembros del gremialismo docente –como Néstor Correa y Pablo Rieznik–, de denuncia y para realizar un trabajo de esclarecimiento y organización entre los estudiantes-pasantes, que permita avanzar para terminar con el trabajo en negro.

 

El PO también denuncia que ingresa a la caja de la Universidad de Shuberoff un 20% de lo que percibe cada pasante.

 

En realidad, el ministro de Educación, Llach, está planteando la pasantía obligatoria a efectos de seguir abaratándole a las patronales la mano de obra.

 

Nuestra propuesta (y la que impulsa el sindicato) es que se derogue la ley 25.165 de pasantias y el decreto 360 de Menem, y presentar un proyecto que obligue a las patronales a contratar personal con el convenio de la actividad en la que se desarrollen las tareas. Dichas prácticas educativas tienen que tener relación directa con la carrera que se estudie; es decir, ser formativas. Llamamos a la movilización conjunta de estudiantes y trabajadores como única garantía de imponer estas propuestas.