23/11/2020

Terrorismo de Estado en Córdoba

Represión y cárcel, la respuesta de Schiaretti a la crisis social.

En estos momentos, en la provincia de Córdoba se encuentran detenidos desde hace varios días seis activistas de luchas obreras que fueron fuertemente reprimidas por los gobiernos peronistas de Schiaretti y Llaryora. Las compañeras Karen y Marina fueron detenidas en el desalojo de la ocupación de tierras que se desarrollaba en Barrio Estación Ferreyra, junto a otras nueve personas que ya fueron liberadas, entre los que se encuentran ocupantes, activistas del Polo Obrero, el abogado de la organización Jorge Navarro y la legisladora Soledad Díaz del FIT. Por otro lado, el viernes pasado la justicia que maneja Schiaretti, detuvo a tres activistas del Suoem (sindicato de trabajadores municipales) que se suma a un compañero municipal que ya se encontraba preso.

La cárcel a las y los activistas es un salto en la política represiva de Schiaretti. Se trata de imponer un castigo prologando a los que salen a luchar y establecer un mensaje al conjunto de la población trabajadora. En las represiones que se desarrollaron con anterioridad contra las y los trabajadores, como sucedió en Jesús María, en la UTA, repartidores y ocupaciones de tierra, entre otras, las detenciones duraron poco tiempo. Ahora el gobierno y su justicia adicta refuerzan el aparato estatal para amordazar los reclamos en forma permanente.

La represión en Estación Ferreyra se ha desarrollado en la más completa ilegalidad y demostrando hasta dónde puede llegar el ensañamiento del Estado capitalista, con su gobierno, su justicia y su policía; para defender los intereses de la clase capitalista y particularmente la especulación inmobiliaria.

En Estación Ferreyra se estableció un régimen de hostigamiento policial cotidiano previo al desalojo, con golpizas, provocaciones e insultos proferidos diariamente por el personal policial desde hace meses. El desalojo no se hizo con una orden judicial, y ello tiene un fundamento muy concreto. Previo a una orden de desalojo se debería haber impulsado el proceso penal, luego se debería haber notificado el desalojo y otorgado un plazo para el mismo. Todo esto nunca sucedió, se negó grotescamente el derecho de defensa para impedir el cuestionamiento legal de las medidas arbitrarias que tomaba el fiscal Casas, el cual ha cometido varios delitos en todo su accionar.

El día del desalojo, solo hubo una orden de “allanamiento” para, supuestamente, verificar e identificar a las y los ocupantes. El allanamiento se realizó con 300 o 400 efectivos policiales, donde participaron todas las divisiones como infantería, canes, fuerzas especiales, motorizados, etc. Estuvieron presentes bomberos y personal de Epec para cortar la luz. También hubo dos topadoras. Al momento de iniciar el operativo se dio vía libre a los policías para que cometieran toda clase de agresiones, abusos, vejaciones y torturas contra los ocupantes y quienes se solidarizaban con los mismos. Se llevaron detenidos once personas, se derrumbaron absolutamente todas las construcciones, se golpeó salvajemente a mujeres, niños y ancianos.

También los efectivos policiales amenazaban a las mujeres con hacerles quitar la tenencia de sus hijos. Cuando la policía desalojo todo el predio, literalmente persiguió a los activistas a palos y balazos, que trataron de resguardarse en las casas aledañas a la toma. Los policías no se detuvieron e ingresaron a los domicilios particulares y siguieron golpeando a quien tuvieran al frente. También con piedras y palos, los policías rompían los autos y los electrodomésticos que s e encontraban en esos inmuebles. Una vez detenidos los ocupantes, los policías los mantenían adentro de los móviles al rayo del sol con las manos esposadas desde atrás y les tiraban gas pimienta en todo el cuerpo y en el auto cerrado.

Con las compañeras detenidas, desde la fiscalía interviniente se viene incumpliendo la normativa procesal con el objetivo de prolongar la prisión de las compañeras cuando no hay motivo para ello, porque se trata de mujeres pobres, madres de familia, con niños menores a cargo, que no tienen antecedentes a la cuales se les achaca un delito excarcelable, como es la usurpación.

El accionar desarrollado contra las familias de la ocupación no puede ser mirado como un hecho aislado. La detención arbitraria de los trabajadores municipales ha tenido como objetivo condicionar la lucha sindical por el salario y demás reclamos obreros del Suoem, que viene de protagonizar varias movilizaciones con miles de trabajadores. Unas horas después de las detenciones, el gobierno de Llaryora impuso un aumento salarial miserable a las y los municipales que llega al 23% con cuotas en negro, que empiezan a pagarse desde noviembre sin retroactivo, que se establece por dieciséis meses, puesto que la próxima negociación salarial recién arrancará a partir de mayo de 2020.

Toda la población trabajadora debe tener claridad sobre la escalada represiva de Schiaretti, su aparato policial de gatillo fácil y su justicia adicta. En estos momentos estamos girando un informe especial a las organizaciones de Derechos Humanos en el orden provincial y nacional; el mismo informe será presentado ante el Tribunal Superior de Córdoba, la Legislatura local, el Congreso nacional, Inadi y la Secretaria de DD.HH. Asimismo, presentaremos la denuncia penal y analizaremos una presentación ante la Comisión Interamericana de DD.HH.

Hay que redoblar la movilización obrera y popular para enfrentar este régimen descompuesto y represivo al servicio de los intereses capitalistas ¡Libertad ya a las y los detenidos!

 

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