La provincia de Tierra del Fuego sufre las consecuencias de la recesión económica desde hace más de dos años. Despidos, suspensiones, cierres de comercios y congelamientos salariales a metalúrgicos y estatales se volvieron corrientes. La pandemia del coronavirus agravó el cuadro y tras dos semanas de cuarentena obligatoria la situación social es preocupante, empezando por las recientes 740 cesantías en el Grupo Mirgor y los más de 200 contratos que se “cayeron” en los últimos días.

En la provincia más austral -que ronda los 160.000 habitantes- las mediciones del INDEC arrojaban que la pobreza representaba un 24% de la población en el primer semestre del pasado año, y que aproximadamente un 4% se hallaba sumido en la indigencia. La desocupación en el último trimestre de 2019 alcanzaba al 10,3% de los trabajadores. 

La industria fueguina se halla funcionando al 56% de su capacidad instalada, la obra pública está paralizada y no da signos de reactivación. Los despidos se siguen acumulando y los salarios continúan perdiendo frente a la inflación (los últimos datos dan que en diciembre aumentaron 2,6% contra un IPC del 3,7%).

El programa social provincial Red Sol -que perciben 13.750 personas en su mayoría desocupadas- está congelado desde julio de 2017 en unos magros $4.000. Una situación similar sufren los beneficiarios de las tarjetas de prestación social del programa Cuidemos la Mesa Fueguina, anclada en $2.500. Esas familias no han recibido siquiera un bono extra que ayude a paliar la difícil situación, cuando en febrero la Canasta Básica Alimentaria se ubicó en los $40.789. 

Más crítico aún es la insuficiencia en la entrega de módulos alimentarios por faltante de plásticos en el Banco Tierra del Fuego, mientras que la Municipalidad de Río Grande ha cerrado el empadronamiento del programa alimentario tras reconocer un fuerte aumento de la demanda, y hay denuncias de que ha interrumpido su entrega.

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, anunció el lunes por la noche en conferencia de prensa el lanzamiento de un paquete de medidas económicas, pero nada dijo de los que ya perciben planes sociales. Lo anunciado se limita a un seguro de $4.500 a los desocupados de la construcción, es decir que ni siquiera alcanza a los metalúrgicos que perdieron sus empleos. El gobernador mencionó además aumentos extraordinarios para partidas en salud y en desarrollo social pero sin especificar siquiera los montos.

Esto cuando en medio de la crisis sanitaria los trabajadores contratados del hospital denuncian que no se les pagan sus salarios ni los proveen de los elementos reglamentarios para protegerse del coronavirus. Los trabajadores del aeropuerto reclaman porque no se les otorgan los elementos básicos de higiene ni se toman las condiciones requeridas de prevención cuando son obligados a cumplir su horario laboral.

La difícil situación que atraviesa el país y la provincia requiere de medidas extraordinarias, que contrastan con la desidia de las patronales y el Estado. En primer lugar, para hacer frente a la pandemia es necesario que las fábricas se reconviertan para colaborar con el sistema sanitario, garantizando condiciones de seguridad e higiene bajo el control de sus trabajadores. Urge además establecer un seguro al parado de $30.000, aumentos de emergencia en la tarjeta Cuidemos la Mesa Fueguina y en el programa Red Sol, hasta alcanzar ese mismo monto. 

Necesitamos centralizar del sistema de salud -incluyendo las clínicas privadas- bajo control de los trabajadores, para garantizar la provisión de los insumos necesarios en todas las aéreas, la incorporación de personal sanitario y el pase a planta de los contratados, con salarios iniciales que equivalgan a la canasta básica familiar.

Para que la crisis no la paguemos los trabajadores, planteamos el control obrero de la prohibición de despidos y suspensiones, del otorgamiento de licencias con goce de haberes para los empleados de actividades no esenciales, de la realización masiva de test y la distribución de kits de higiene, y del reforzamiento de la asistencia a los comedores de toda la provincia.