El lunes 2 de mayo por la noche, finalizado el acto de homenaje a los caídos por el hundimiento del General Belgrano en la Guerra de Malvinas, un grupo de trabajadores de la Unión de Gremios reclamó una reunión al vice gobernador Juan Carlos Arcando. Este se negó, manteniendo la postura oficial de oponerse a todo tipo de tratativa (ejemplo de ello es la presencia de la gobernadora,  Rosana Bertone en el Congreso del PJ en Buenos Aires).

 

El hecho se volvió confuso, hubo empujones y provocaciones por parte de algunos “civiles”, lo que derivó en un piquete fuera de la presidencia de la Legislatura con el vice adentro. La policía desplegó un operativo con antimotines, golpeó brutalmente a dos docentes talleristas despedidos en enero y provocó e incitó a la violencia, insultando a los gremialistas y rociando con gas pimienta a cuanto estatal se moviera. Una provocación en toda la línea.

 

La represión no terminó allí. En la madrugada, un operativo de detenciones y allanamientos violentos derivó en cuatro compañeros detenidos y un pedido de captura para un quinto, quien finalmente se presentó y se entregó en el juzgado.

 

Mientras la Unión de Gremios reclamaba la libertad de los compañeros que se encontraban detenidos e incomunicados, un puñado de sindicatos se reunía con ministros del gobierno para cerrar algún tipo de acuerdo. Esos gremios no han participado de la lucha, como UPCN o UEJN, o han abandonado sus métodos como es el caso de ATSA y ATE seccional Río Grande. La Unión de Gremios estaba invitada a participar, pero misteriosa y maliciosamente se producen las detenciones horas antes de dicho encuentro.

 

Es clara la intención del gobierno en este punto: las detenciones responden netamente a una cuestión política. El Frente para la Victoria busca, mediante el armado de causas judiciales, criminalizar a quienes hoy se encuentran luchando y de esta forma intenta menguar la lucha. Asimismo busca aleccionar al conjunto de la clase trabajadora, castigando a quienes se organizan para enfrentar el paquete de leyes de ajuste. No olvidemos que este gobierno K hizo silencio de radio cuando se condenó a los docentes del Sutef a fines del año pasado.

 

No pudieron retomar la Casa de Gobierno

 

El gobierno había suspendido una reunión con la Unión de Gremios el pasado 28 de abril, y un fuerte operativo policial intentó “garantizar” el ingreso de los funcionarios en la Casa de Gobierno. El conjunto de los trabajadores, quienes desde muy temprano se apostaron en las cuatro esquinas de la sede, lo impidió.

 

Ese mismo día el gobierno anunció por todos los medios oficiales que el viernes se garantizaría el normal funcionamiento de la Casa de Gobierno.

 

Volvió a intentar el acceso de los funcionarios a costa de más policías y se repitió la escena del día anterior. El oficialismo no pudo quebrar el paro ni garantizar lo que había prometido, dado que el acatamiento a la medida y la movilización de los estatales aumentó en paralelo al intento de quebrar el movimiento de lucha.

 

El sábado 30 por la tarde la ofensiva siguió. Docentes agremiados en el Sutef se encontraban cocinando en la escuela 16, de, hacia el 1º de Mayo, con la intención de recaudar dinero para el fondo de huelga, ante los furiosos descuentos sufridos, cuando la Subsecretaria de Planeamiento Educativo, Claudia Castiglioni, con personal policial a su orden, hizo desalojar el colegio.

 

Necesidad del paro nacional

 

El gobierno no ha podido quebrar la organización de los trabajadores, el frente único de lucha que se gestó a raíz del ajuste.  La Unión de Gremios, a pesar de sus divergencias, comunes en una organización heterogénea y en desarrollo, mantiene la unidad. Como el gobierno no ha podido quebrarala a lo largo de estos dos meses, ha recurrido a la represión lisa y llana, deteniendo a compañeros estatales.

 

El viernes 29 las centrales sindicales marcharon para descomprimir la olla a presión que se comienza a gestar en la clase trabajadora. Mencionaron la situación de Tierra del Fuego, pero abrieron una nueva tregua, cuando el conflicto docente estatal sigue vigente y se agrava por la situación de las fábricas metalúrgicas, que han comenzado a rescindir contratos, retirar “voluntariamente” a los trabajadores y reducir las horas de trabajo afectando notablemente los salarios. Llevamos más de 500 despidos en el último mes y 1.500 regresos que no se efectivizaron.

 

Es desde aquí, Santa Cruz, Mendoza, Santiago del Estero, de los miles de despidos en todo el país y la inflación galopante, que se desprende la necesidad de un paro nacional para enfrentar el ajuste y detener la ola masiva de cesantías.