En los últimos días, las boletas de gas han llegado a los hogares de los trabajadores y a sectores populares con un aumento devastador de hasta un 1000% en algunos casos. Como si esto fuera poco, se avecina otro nuevo tarifazo pero esta vez en el servicio de energía eléctrica, que es solo la punta del iceberg de una crisis que está sofocando a la clase trabajadora y a los sectores más postergados.

La tarifa del servicio de energía eléctrica provisto por la Dirección Provincial de Energía y la Cooperativa Eléctrica de Río Grande agrava aún más esta situación en dónde aumentaría el servicio de luz un 146% en el componente Valor Agregado de Distribución (VAD), lo que tendrá un impacto promedio del 70% en el valor final de la tarifa residencial de Ushuaia y Tolhuin. Por su parte, la Cooperativa Eléctrica de Río Grande planteó un ajuste VAD del 68% que se traducirá en un aumento tarifario promedio del 30%, el mayor impacto se sentirá en los sectores de bajos recursos e ingresos.

La realidad es cada vez más alarmante dado que en paralelo se producen cientos de despidos en todos los sectores, desocupación en aumento, salarios por debajo de la línea de la pobreza, trabajo precarizado masivo tanto en el privado como en el Estado y niveles de pobreza e indigencia sin precedentes en la isla. La situación se torna realmente insostenible. No podemos permitir que continúen aplicando este feroz ajuste sobre nuestras espaldas. Es hora de decir basta. Las y los trabajadores y los sectores populares no pueden seguir pagando el precio de la crisis económica.

Desde el Partido Obrero Tierra del Fuego, en el Frente de Izquierda Unidad, consideramos que la lucha colectiva es fundamental para revertir los tarifazos que afectan a los trabajadores y sectores populares. Es hora de fortalecer la unidad y exigir que la CGT y la CTA, a nivel nacional y provincial, rompan su tregua con el gobierno y convoquen a un paro nacional y un plan de lucha efectivo para derrotar el ajuste impuesto por Milei, los gobernadores y el FMI.

Es hora de replantear también la propiedad de las empresas energéticas, claves para el desarrollo y bienestar de una nación. No pueden seguir en manos de intereses privados que priorizan ganancias multimillonarias sobre necesidades sociales y medioambientales. La energía es un derecho fundamental y esencial que debe ser garantizado por el Estado. Por ello, abogamos por una gestión 100% estatal y bajo control de los trabajadores, quienes pueden asegurar un funcionamiento eficiente y equitativo.

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