El fallo del juez Gallardo, prohibiendo la realización de fiestas y bailes comerciales masivos en la Ciudad,  agrava la crisis política que ha estallado a partir de la fiesta mortal de Costa Salguero,  y que el gobierno PRO se empeña en ningunear. Después de señalar un “modelo de negocios”  que une a los organizadores de fiestas con la venta de drogas adictivas, el juez delata los controles “arbitrarios e ilegítimos” del  gobierno porteño. La envergadura de la crisis  está a la vista: la incapacidad del Estado para asegurar la vida y la seguridad de los jóvenes es delatada por otro poder de ese mismo Estado.  El fallo judicial pone de manifiesto que el poder político no tiene condiciones para asegurar que la vida social de la Ciudad se desenvuelva de acuerdo a los intereses de quienes viven o trabajan en ella. En otras palabras: el Estado protege, orgánicamente, a los narcoempresarios que lucran con la vida de la juventud.

Las conclusiones del fallo judicial son abrumadoras. Pero sus límites también lo son.  El juez ha dispuesto la prohibición completa de las fiestas, una restricción que burlarán los capitalistas de la noche –por caso, organizando fiestas clandestinas u organizando ‘tours’ a los boliches bonaerenses. La juventud volverá a ser la víctima de esa prohibición, con mayores restricciones y costos para poder esparcirse.  En cualquier caso, es significativo el desparpajo con el cual la Cámara de empresarios de boliches ha anticipado que no piensa acatar el fallo judicial. Sólo quien cuenta con un guiño del gobierno PRO podría anticipar con tanta seguridad semejante desacato.  En estas horas, se ha revelado también que el boliche que Adrián Conci –el organizador de Time Warp- tiene en la Costanera Norte gozó de permisos “especiales” para sus fiestas durante todo el verano pasado,  a pesar de no estar oficialmente habilitado. La conjunción entre el gobierno PRO y los intereses de los capitalistas de la noche es completa.

El fallo judicial, por las pruebas reunidas y las conclusiones que de ellas se derivan, es un respaldo indudable a nuestro pedido de juicio político a Rodríguez Larreta, al ponerse sobre la mesa su responsabilidad política e institucional por lo ocurrido en Costa Salguero. La salida no es el prohibicionismo de las fiestas, sino “prohibir” –y sentar en el banquillo- al poder político que se sirve del derecho al ocio para lucrar con la vida de los jóvenes. Planteamos: juicio político a Rodriguez Larreta. Comités de control de las organizaciones estudiantiles y juveniles sobre locales y eventos, para poner el derecho al ocio por encima de los narcocriminales y todos los intereses capitalistas.