Durante el domingo 14 de enero ocurrieron hechos gravísimos en el barrio 8 de Diciembre de González Catán, La Matanza. Una patota armada irrumpió en el lugar, y como producto de un tiroteo con armas de fuego fueron asesinados cinco vecinos y otros 14 resultaron heridos de bala.

Alrededor del hecho están involucradas cuestiones de seguridad, que implican no solo la actuación de una patota armada sino la zona liberada por parte de la policía, y también la grave crisis habitacional y de acceso a la vivienda que atraviesa la provincia. El barrio en cuestión es uno de los tantos asentamientos, como la conocida toma de Guernica, donde decenas de familias se establecen en terrenos ociosos como salida precaria a la problemática.

Considerando esta situación es que el diputado del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad, Guillermo Kane, realizó la presentación de un proyecto para interpelar en la cámara sobre estos hechos al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis.

Interpelamos a los ministros de seguridad y vivienda de Kicillof. El asentamiento en Catán es una muestra de como están obligados a vivir cientos de miles de bonaerenses. El gobierno debe responder por su falta de politica de vivienda y por las zonas liberadas de la Bonaerense pic.twitter.com/BoZ34biH94

— Guillermo Kane (@guillekane) January 17, 2024

Lo que ocurrió

La noticia no tardó en llegar a los medios nacionales. La mayoría de ellos insisten en la versión de que hubo un “enfrentamiento” de distintos bandos, como producto de operaciones de venta ilegal de tierras en el barrio por parte de los vecinos.

La realidad es otra. Como lo señalaron desde el Polo Obrero de La Matanza, lo que ocurrió ese día fue una emboscada brutal por parte de una patota armada vinculada con la mafia del narcotráfico. El objetivo de esta banda armada es el de vender esas tierras (de forma ilegal, claro está) a los narcos para ampliar un negocio que se extiende cada vez más por todo el país y particularmente en las barriadas, como ya lo vimos con la situación vivida en el barrio Las Antenas a mediados del año pasado, en el mismo distrito.

El barrio 8 de Diciembre es, como muchos otros en la provincia de Buenos Aires, un territorio ocupado por los vecinos que no tienen dónde vivir. Al momento de la emboscada, los vecinos se encontraban en asamblea, discutiendo las medidas a tomar en torno del reclamo por tierra, vivienda y urbanización. Las víctimas fatales, de entre 16 y 29 años, y los heridos son todos trabajadores precarizados, que viven en la extrema pobreza, y que no cuentan con la posibilidad de acceder a una vivienda ni siquiera alquilando una habitación.

Todos estos datos dan por tierra la versión de “enfrentamientos” de bandas que quieren vender ilegalmente las tierras. Esa versión que agitan medios como Infobae, Clarín y TN, intenta poner en un signo igual a los vecinos empobrecidos que quieren una solución habitacional con las bandas mafiosas ligadas al narcotráfico que quieren hacer negocios con esas tierras.

Además de ello, es un intento de desligar a la policía y al Estado de su responsabilidad en lo ocurrido. Los vecinos denuncian que en los últimos tiempos la policía patrulla constantemente la zona, en parte como medida de hostigamiento contra la ocupación de las familias. Llamativamente, el domingo 14 de enero no se hicieron presentes hasta mucho tiempo después del tiroteo, dando el suficiente tiempo para que la patota armada actúe y se fugue impunemente. El accionar de la Policía Bonaerense, una vez más, los muestra cómplices del narcotráfico.

Vamos por la interpelación a los ministros

El pedido de interpelación presentado por Guillermo Kane busca poner en tela de juicio el papel del Estado provincial en las distintas derivaciones de estos hechos. En primer lugar, es necesaria una investigación de este hecho, que vaya a fondo en las responsabilidades políticas y policiales, y que apunte a desmantelar las mafias que lucran con el narcotráfico, la venta de tierras y la trata de personas.

Además de ello hace falta discutir una salida a la grave crisis habitacional, admitida por el Poder Ejecutivo en los últimos años, pero por la cual no se han tomado medidas en función de superarla. Por el contrario, recordamos con indignación la brutal represión y desalojo a las familias de Guernica, ejecutada por el entonces ministro Sergio Berni, bajo órdenes del gobernador Kicillof. La situación por la falta de tierras es desesperante para las familias de trabajadores y más aún con los salarios miserables y los precios por las nubes, incluidos los alquileres.

Por último, no solo reclamamos la interpelación de los ministros, sino también el tratamiento de la ley de emergencia en materia de acceso a la tierra y la vivienda (presentada en agosto de 2022), que en el nulo funcionamiento de la legislatura durante el último año no ha recibido siquiera tratamiento de comisión. El mismo plantea la creación de un banco provincial de tierras para el loteo y un plan de medio millón de viviendas financiado con un impuesto progresivo a los acaparadores inmobiliarios y a la vivienda ociosa, al tiempo que propone la urbanización de los barrios bajo el control de los vecinos y las organizaciones.

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