Las provincias y sus trabajadores se encuentran en situación desesperante. Los atrasos en los pagos de sueldos, la reducción salarial y la liquidación en masa de conquistas laborales son moneda corriente. El desempleo en el Interior triplica los catastróficos niveles del Gran Buenos Aires (en Tucumán, uno de cada tres trabajadores está desocupado, uno de cada cuatro en Santa Fe). La salud y la educación —transferidas por la Nación a las provincias— están en ruinas.

Toda esta sangría, sin embargo, es un jolgorio en opinión del FMI que acaba de exigir el “recorte de gastos en las administraciones del Interior” (Clarín, 26/8), para no afectar el “superávit del Tesoro Nacional” destinado al pago de la deuda a los usureros externos. Para “inducir” el “ajuste”, el FMI ha ordenado al gobierno menemista que “cese toda transferencia de fondos a las provincias”, tal cual está establecido en la “carta de intención” firmada en mayo en Washington.

El ministro Erman González anunció en consecuencia que “todo lo que no sean fondos de coparticipación federal debe desaparecer” y hasta los propios gobiernos provinciales aceptaron el “apriete”. En una reunión de ministros de economía provinciales realizada en Rawson (Chubut), “los gobiernos provinciales acordaron con la Nación realizar un ajuste en sus economías y la reforma de sus sistemas administrativos y estructuras estatales” (Ámbito Financiero, 20/8).

Las “modalidades” de este nuevo “ajuste” son bien conocidas por los trabajadores: despidos masivos, reducción salarial y liquidación de conquistas sociales. El gobernador de Tucumán, José Domato, reconoció que “el gobierno nacional exigió a su ministro que recurra a la cesantía masiva de agentes públicos” (Sur, 19/ 8). Cafiero acaba de lanzar un “nuevo y severo ajuste en las áreas de personal y gastos sociales” (Clarín, 22/8) y el gobernador de Chubut, Néstor Perl, anunció que “dejarla cesantes a tres mil empleados públicos” (Sur, 2/8).

Nada de esto, sin embargo, resolverá la bancarrota de las finanzas provinciales, esto porque los fondos coparticipados vienen cayendo en picada desde comienzos de año y aún hay especialistas que estiman que continuarán cayendo después de la generalización del IVA a los servicios (Clarín, 25/8). La quiebra de las finanzas provinciales —que es un fenómeno nacional— refleja la hondura de la crisis económica y política: a la política de hambre los explotadores han agregado su propia “huelga con el fisco”.

Un aspecto central del “ajuste provincial” que reclama el FMI está relacionado con los bancos de provincia. El Banco Central anunció que cesará toda “asistencia” a los bancos provinciales y exige la cancelación de la deuda de éstos por un monto de 300 mitones de dólares. Los bancos provinciales ya han anunciado que no “podrán pagar”(Clarín, 24/8). Los bancos provinciales están en quiebra como consecuencia de tos subsidios y préstamos incobrables que han otorgado a las burguesías y oligarquías locales. Su liquidación es un objetivo de larga data para la banca imperialista que con ello lograría concentrar en sus manos el ahorro interno y también tomar por el cuello a las burguesías y oligarquías provinciales.

Semejante plan de ajuste, sin dudas, provocará gigantescas conmociones sociales y crisis políticas de magnitud. Los gobiernos provinciales carecen de la fuerza necesaria para imponer este programa de barbarie a los trabajadores. Las huelgas docentes, de tos trabajadores de la salud, de los viales, de los judiciales, de tos municipales están a la orden del día en todas las provincias.

Los gobiernos provinciales también están acosados por luchas de camarillas que han llegado hasta el juicio político en Santa Fe, Santa Cruz, Salta y Tierra del Fuego.

El ajuste fondomonetarista ha impreso un rumbo explosivo al conjunto de las provincias de la Nación.