El régimen político democratizante, desde 1983, le ha asignado al movimiento por los derechos humanos una función testimonial, es decir, confinada a los límites establecidos por el Punto Final, la Obediencia Debida y el Indulto. De ahí la proliferación de los monumentos a la memoria y los homenajes y distinciones que el propio Estado ofrece a estos movimientos. Más allá de esto, admite alguna satisfacción con el ‘arresto’ domiciliario de algunos ex comandantes que han sobrepasado el límite de la tercera edad. Los insatisfechos con esta situación depositan sus últimas esperanzas en la providencial intervención del juez español Garzón. Los organismos que aceptan este juego desarrollan en la ciudadanía ilusiones centroizquierdistas, que son debidamente aprovechadas por la burguesía para canalizar al electorado descontento detrás de variantes liberales igualmente pro-imperialistas. El 80% de los organismos de derechos humanos se encuentra, de un modo u otro, integrado al Estado y ha servido de apoyo a la Alianza en las últimas elecciones.

Este es el bloque político que organizó la Marcha de la Resistencia que se manifestó el 8 y 9 de diciembre. La Línea Fundadora, que la convocó, tiene una clara filiación conciliadora y es un sostén no declarado del gobierno de De la Rúa.

Contrariamente a esto, las Madres de Plaza de Mayo han convocado a otra Marcha para el 30 y 31 de diciembre. Sus planteos están claramente delimitados. “Allí estaremos las Madres de Plaza de Mayo –dice un manifiesto que publicaron en Página 12 (6/12)– resistiendo. Sin aceptar museos de la ‘memoria’. Sin aceptar juicios por la ‘verdad’ sin condena… La resistencia no es llegar a la Plaza del brazo de la Alianza o de los que perdonan a los asesinos”.

Esta delimitación política es suficientemente clara como para distinguir cada uno de los campos. En especial en un momento en que la cuestión política clave para la clase obrera es la necesidad de establecer la más clara oposición al gobierno aliancista.