El pasado sábado 27 fueron desalojadas más de 500 familias que días antes habían ocupado tierras en un predio aledaño al Barrio La Gloria ll (cerca de la Ruta 25) e instalado viviendas muy precarias.

Un día después, se produjeron incidentes entre un grupo de vecinos y los policías que custodian el predio, en lo que algunos medios calificaron como un nuevo intento de ocupación.

La toma –que incluyó tanto a ocupados como desocupados- pone de relieve las enormes carencias en materia habitacional que padecen las masas y se encuentra precedida por las masivas ocupaciones de Merlo y Esteban Echeverría.

El intendente de Moreno, Walter Festa (FpV), se plegó a la campaña xenófoba realizada por muchos medios, indicando casi despectivamente la nacionalidad de la mayoría de las familias (de origen paraguayo), como si ello fuera una cuestión limitante para ejercer el derecho a una vivienda digna.

A su vez, Festa acusó al ex intendente Mariano West (FpV) de estar detrás de la toma para perjudicarlo políticamente. El gobierno nacional también denunció motivaciones políticas, pero el ministro del interior, Rogelio Frigerio, debió reconocer “un déficit habitacional enorme” a nivel nacional. “Estamos hablando de más de 3,5 millones de familias con problemas (…) ya sea por las viviendas que faltan, o por la calidad de las mismas" (Página 12, 26/8).

La responsabilidad por la falta de viviendas atañe tanto a la actual administración municipal como a la saliente, así como a los funcionarios provinciales y nacionales. A modo de ejemplo, el ex secretario de obras públicas del gobierno kirchnerista, el valijero José López, dejó paralizadas una serie de obras destinadas a 1200 viviendas familiares en los barrios La Perla y Villanueva, pertenecientes al Plan Federal de Viviendas.

El Partido Obrero de Moreno planteó la necesidad de declarar la emergencia habitacional en el distrito y la elaboración de un genuino plan de viviendas sobre la base de la expropiación de tierras ociosas; el empadronamiento de trabajadores de la construcción y su contratación bajo convenio y a cargo del Estado provincial, para llevar adelante las obras; y la adjudicación de viviendas a las familias recientemente desalojadas, sobre un plan de pagos mensuales que no exceda el 10% de sus ingresos.