El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, confesó que con la ley sobre trabajo a domicilio “el tallerista se tiene que convertir en una empresa, en una Pyme, y contratar personal que queda encuadrado en la protección de la Ley de Contrato de Trabajo. Esa Pyme pasa a tener con las marcas que la contraten una relación comercial” (Página/12, 24/8).

Pero el tallerista no es una empresa ni tampoco una Pyme. El tallerista no tiene capital, ni máquinas, ni elabora los productos a partir de materia prima propia. No tiene ni puede tener una “relación comercial” con las grandes marcas. Es un empleado de esas grandes marcas, sólo que realiza el trabajo en su propio domicilio o en un galpón propio o alquilado.

Lo que propone Tomada es ni más ni menos lo que quieren las grandes marcas negreras: que no haya ningún vínculo laboral directo ni del tallerista ni de los trabajadores que emplea el tallerista (muchas veces familiares) con la gran marca. A su vez, como el tallerista no tiene respaldo económico, ningún trabajador empleado por ese tallerista, que además cobra migajas, tendrá la “protección de la Ley de Contrato de Trabajo” como dice Tomada. Para subsistir tendrá que explotar y “negrear” más.

En resumen: el proyecto no elimina el trabajo clandestino sino que lo refuerza y solamente sirve para salvar o eximir la responsabilidad legal directa de las grandes marcas con el trabajo esclavo.

Los que se llenan la boca con la “inclusión social” son agentes de los grandes marcas explotadoras.