Si a alguien le cabe alguna duda en relación a hacia dónde se dirige la reforma de la Ley de Quiebras, Tomada fue muy claro al respecto: “El oficialismo estaría pensando en introducir la figura de la Sociedad Anónima Laboral, que abriría las puertas a la asociación con cualquier capital accionario”.

La confesión del ministro es muy clarificadora, puesto que pone de relieve que los salvatajes que se hagan de empresas en crisis, con intervención de los trabajadores, y que mantengan la continuidad de su funcionamiento, tendrían como función actuar de bisagra en vistas a reconstruir esas empresas sobre las antiguas bases sociales. La introducción de esta nueva figura societaria ayudaría a facilitar esta transición en vistas a apuntalar este proceso de reconstrucción capitalista, permitiendo que los inversores privados interesados tengan una terreno más despejado para desembarcar en las empresas recuperadas, cuando éstas ofrezcan una perspectiva lucrativa.

Esta confesión despertó escozor y rechazo en las filas del MNER (Movimiento de Empresas Recuperadas), sin percibir que lo único que ha hecho el funcionario es sincerar el destino inevitable a la que está condenada la autogestión bajo la economía de mercado. No hay lugar para una salida intermedia. No hay posibilidad de que exista una “economía social solidaria”, un tercer sector capaz de mantener una coexistencia armónica y duradera con el capital responsable de la bancarrota nacional. El cooperativismo, como lo ha probado sobradamente la experiencia histórica, está condenado a sucumbir frente a la competencia capitalista y la fuerza superior del capital, que concentra en sus manos los principales recursos materiales y los resortes del Estado. El movimiento de fábricas recuperadas solo puede encontrar un futuro como parte de una transformación social que ponga fin al gobierno de los vaciadores.