Políticas

6/4/2020

Trabajo en cuarentena: el gobierno quiere pasar de la excepción a la regla

Alberto Fernández, las patronales y la CGT discuten cómo volver al trabajo en medio de la pandemia.

El presidente Alberto Fernández adelantó en declaraciones públicas a la prensa la posibilidad de una inversión de las reglas de la cuarentena a partir del próximo 13 de abril: en vez de una cuarentena general con algunas “excepciones” pasaríamos al regreso de la actividad económica y laboral, con algunos sectores en cuarentena –principalmente los grupos de riesgo. Se trataría de un retorno “gradual” a los lugares de trabajo, como satisfacción a los reclamos patronales que se oponen a resignar ganancias en el cuadro de la pandemia y a asumir el costo de la cuarentena de sus trabajadores. La CGT acompaña el compás de los empresarios subordinando la continuidad laboral al regreso al trabajo e impulsando la solidaridad obrera… con las patronales.


En una entrevista con Radio Mitre, Fernández manifestó "tenemos previsto que el domingo próximo se termine la cuarentena pero, es día a día, hay que ir viendo cómo evoluciona". El aislamiento obligatorio fue arrancado por la presión de los trabajadores que, en la docencia y en los establecimientos laborales, se negaban a continuar trabajando como si no ocurriera nada. 


La magnitud de la crisis sanitaria obligó al gobierno a tomar esta medida de aislamiento para tratar de impedir una propagación exponencial del coronavirus que exponga aún más la vaciada estructura sanitaria del país y que termine en un colapso total. Sin embargo, apenas lograda la cuarentena las patronales se lanzaron a burlar su implementación con todo tipo de artimañas, que van desde aprietes a sus trabajadores hasta el encubrimiento de sus actividad en el marco de una enunciación ambigua de las actividades esenciales. El gobierno nacional hizo la vista gorda de este fenómeno, dejando pasar las arbitrariedades patronales mientras se mostraba inflexible con el cumplimiento de la cuarentena en las barriadas populares, incluso con el uso y abuso del aparato represivo.


Vía libre para las empresas


Pero los empresarios siguieron presionando para imponer su agenda, lo que les valió la ampliación de las actividades consideradas esenciales, incorporando sectores como los vinculados al comercio exterior y las exportaciones, las mineras, corralones de materiales, curtiembres, maquinaria agroindustrial y otras actividades cuya naturaleza no tiene nada que aportar a esta crisis.


Una de las cuestiones más cantadas por estas circunstancias es la relativa a los despidos y las suspensiones con disminución del salario. El efectivo cumplimiento de la cuarentena reclama que los trabajadores y las trabajadoras permanezcan en sus casas y que para ellos cuenten con la percepción normal de sus salarios. Sin embargo, esto implicaría que los capitalistas se hagan cargo de absorber este costo circunstancial, sobre la base de los beneficios obtenidos durante el último periodo. Para esto, el gobierno les aseguró una línea de créditos baratos y flexibles; subsidios directos; exención de contribuciones patronales; y todo tipo de beneficios.


Aun así, las patronales siguieron haciendo de las suyas. Despidos en las tercerizadas de las aerolíneas combinados con suspensiones y reducciones salariales; despidos en los cines; casi mil ceses en la minera Livent; los famosos 1.450 despidos de Techint y los recortes salariales en sus dependencias, como es el caso de Siat Tenaris; un aluvión de despidos en la construcción; despidos del personal doméstico; suspensiones con rebaja salarial en las automotrices, pactado con la burocracia de Pignanelli; aprietes y rebajas en las alimenticias; suspensiones y recortes en las cadenas de electrodomésticos y ropa deportiva; el listado es inconmensurable. Ante esto el gobierno atinó a una tibia respuesta con el DNU que prohíbe despidos por 60 días –el cual no alcanza a los obreros de la construcción ni otros regímenes especiales-, pero las patronales siguieron haciendo de las suyas.


Es evidente que el anuncio de un posible levantamiento de la cuarentena guarda estrecha relación con la demanda de los empresarios de volver a un funcionamiento normal de la económica. Más allá de todo exabrupto mediático de Fernández este no ha avanzado en ninguna medida efectiva sobre las patronales, ni siquiera ante la suba de los precios en los alimentos de primera necesidad.


Pandemia bajo control patronal


Ahora, esta media del gobierno significaría pasar del aislamiento obligatorio en las casas –con todos los déficits económicos y sanitarios que el Estado no ha garantizado- a los recaudos y cuidados en manos de los empresarios, sector que se ha dedicado a violar sistemáticamente todas las medidas sanitarias y preventivas en los lugares de trabajo: es el equivalente de poner al lobo a cuidar el gallinero. 


En estos días se han paseado por las oficinas del gobierno la Cámara de Comercio y la UIA, con sendas “recomendaciones” sobre la oportunidad de levantar la cuarentena. Se trata de los sectores más golpeados: mientras comercio agrupa a un 19% de los trabajadores declarados, la actividad se encuentra afectada en un 90%; la industria emplea al 13% y un 75% sufre el parate económico (Infogremiales 6/4). El compromiso de estas seria garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios para que se retome la actividad. Se trata de un compromiso poco fiable. Por caso de los grandes hipermercados, durante lo que va de cuarentena se han acumulado infinidad de denuncias de que los empresarios incumplen esas medidas, no brindan los insumos ni respetan las guardias y rotaciones de turnos, ni otorgan las licencias correspondientes. El Estado deja hacer y no controla que se cumpla ni lo que el gobierno mismo resuelve por DNU.


Para el día de mañana está prevista la conformación de un comité de crisis que integraría a las patronales, la burocracia y el Estado, y que discutiría como volver a la rutina. El gobierno quiere evitarse papelones graves como el amontonamiento de jubilados en las colas de los bancos o el colapso de las cabeceras de los trenes en los horarios pico. Tampoco tienen resuelto que harán con el transporte público, donde el levantamiento de la cuarentena devolverá el caos de viajar al trabajo, contraindicando todo lo dicho hasta ahora sobre medidas de prevención.


La CGT, por su parte, ya da por hecho el regreso al trabajo. “El Presidente nos convocó para el próximo martes a formar una mesa donde, con la prioridad absoluta, de la prevención de profilaxis de los trabajadores, empecemos a buscar caminos para volver a la actividad económica”, manifestó Daer a Página/12 (5/4). Su compromiso con los empresarios es directamente proporcional al abandono de las reivindicaciones obreras en medio de la pandemia. En la mayoría de los casos, los sindicatos han bajado las persianas y cerrado las puertas ante los reclamos de sus trabajadores.


El gobierno ha pasado de la “cautela” a la desesperación, como resultado de una orientación política de clase que se propone a salvar en el cuadro de esta crisis. Lejos de reforzar los recursos para derrotar al virus con un cumplimiento estricto del aislamiento, cesando en el pago de la deuda y obligando a las patronales a asumir el costo de estas circunstancias; propone una medida de defensa de los capitalistas, mientras continua fugando recursos al pago de los bonistas privados, y colocando a los trabajadores en manos de sus verdugos. En vez de un comité de especialistas y epidemiólogos tenemos un comité de lobos y carneros.


Debemos abordar esta crisis con un programa de la clase obrera que parte de la defensa de la cuarentena, así como de las garantías económicas y sanitarias para su cumplimiento. Que se prohíban realmente los despidos y suspensiones con rebaja salarial, haciendo valer esta medida a las patronales. Cumplimiento de medidas sanitarias en las actividades esenciales. Por un comité especial de emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores mencionados. Seguro económico de emergencia de $30.000 para quienes no cuenten con ingresos.