La escandalosa noticia sobre trabajo infantil en Jujuy acaba de tener un nuevo episodio. Este sábado 10/11, la ministra de Desarrollo Social de la Provincia, Ada Galfré, reconoció en su cuenta oficial de Twitter que durante este año sólo “se otorgaron 5 habilitaciones a chicas menores de 16 años con autorización y acompañamiento de los padres” para realizar una campaña de indumentaria. Estos dichos trataron de desmentir las informaciones sobre el caso de 45 niños y adolescentes, entre 10 y 16 años, que estarían trabajando en el campo con la venia del Ministerio de Trabajo de la provincia, en particular en el tabaco.

La ley 23.690, de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, sólo autoriza el trabajo de menores de 16 años, desde los 14 años en adelante y bajo un emprendimiento estrictamente familiar y bajo condiciones de horario, tarea y remuneración muy específicos, por lo que en cualquier caso las autorizaciones otorgadas por los funcionarios provinciales infringirían el régimen legal vigente.

Tal como pasó con el caso de las niñas y adolescentes embarazadas conocido hace  2 semanas, los datos sobre el trabajo infantil en la provincia emanaron de funcionarios del propio gobierno. En este caso, de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti). Este organismo actúa en coordinación con su par nacional la Conaeti y con los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social local. La información tomó estado público en el marco de un Encuentro de Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la región NOA, realizado en Jujuy la semana pasada.

Encubrimiento

Las declaraciones de la ministra Galfré echan por tierra y sin querer la desmentida del ministro provincial de Trabajo, el peronista Jorge Cabana Fusz. Esta había afirmado que en 2018 no hay ningún registro ni denuncia que dé cuenta de trabajo infantil en la provincia. Ante las versiones cruzadas de sus funcionarios, el gobierno de Gerardo Morales no ha movido un dedo para aclarar la situación. El PJ también se ha llamado al silencio por sus vínculos con los terratenientes jujeños, especialmente los del tabaco. Lo mismo sucede con la burocracia sindical de Uatre, un agente abierto de las patronales del campo.

Probablemente, una campaña de inspecciones en regla en las fincas jujeñas, saque a la luz una cifra aún más escandalosa. Según los datos de Conaeti y Copreti, los índices de trabajo infantil en el Noroeste argentino se encuentran en un 13%, tres puntos más que la media nacional, y en el campo llegan a un 20%. La crisis social que atraviesa la provincia se hace cada vez más inocultable y el acrecentamiento del trabajo infantil es una de las consecuencias más bárbaras y repudiables del ajuste que llevan a cabo Macri y Morales.

Que Morales y sus funcionarios rindan cuenta

En la próxima sesión de la legislatura jujeña, el diputado del PO-FIT Iñaki Aldasoro exigirá que el gobierno de Morales y su Ministerio de Trabajo rinda cuenta sobre las inspecciones e infracciones realizadas por trabajo infantil, y qué iniciativas tiene para impedirlo, en el marco del reclamo de un salario igual al costo de la canasta familiar para los trabajadores rurales, subsidios inter-cosechas equivalentes al 80% de sus salarios en actividad y la creación de comisiones obreras en el campo, electas y revocables, para combatir el trabajo infantil y en negro, resguardar las condiciones de seguridad y salubridad y garantizar salarios acorde a las necesidades de sus familias.