En la Cámara de Diputados continúa la ronda de participación de ministros en comisiones. Este miércoles fue el turno del ministro Claudio Moroni en la Comisión de Trabajo, donde se impusieron todo tipo de denuncias sobre violaciones patronales y ofensivas contra trabajadores de distintos rubros y rincones del país, en boca de diputados de prácticamente todos los bloques -incluso algunos oficialistas que, con un tono más edulcorado, no pudieron dejar de presentar reclamos y “sugerencias” sobre medidas “que haría falta tomar”. Quedó en evidencia que la situación es un polvorín.

Hubo reclamos por los 1.400 despidos en Techint (cuando ya se había publicado el DNU que se suponía debía impedirlos) y muchos más en el gremio de la construcción en todo el país; por la situación de todo un universo de trabajadores que sufre el parate económico y quedó por fuera del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000, como los peones de taxis, canillitas, trabajadores agrarios (a quienes no se les está pagando incluso el subsidio inter-cosecha) o los trabajadores de cooperativas. Se denunció que solo en la provincia de Mendoza hay 150 empresas vinculadas con el turismo que en los últimos dos días suspendieron a no menos de 297 trabajadores.

Un capítulo especial son los despidos en el Estado (del que paradójicamente hicieron gala de denuncia los diputados del PRO, verdaderos campeones de las cesantías masivas de trabajadores estatales). Se denunció que en el PAMI, por ejemplo, hubo despidos de trabajadoras embarazadas y pacientes oncológicos: gravísimo.    

No faltó tampoco la denuncia sobre la falta de medidas sanitarias y la violación de los protocolos de seguridad e higiene en las actividades “esenciales” en numerosas provincias. Y fue recurrente el reclamo por el “uso en exceso” de la aplicación del artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita  suspensiones con rebaja salarial y fuera dejado en pie por el decreto presidencial sobre despidos.

Una diputada oficialista de la Provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna, destacó que la industria hotelera es el cuarto sector económico, y que el derrumbe de su actividad (un 60% en el mes de marzo) amenaza la continuidad de una enorme cantidad de puestos de trabajo –sin que se haya dispuesto hasta el momento ninguna medida de reconversión laboral. También denunció al Banco de esa provincia y a su titular, Enrique Eskenazi, por no activar los créditos que dispuso el gobierno para el pago de salarios.

Por el lado del PRO, apareció también el planteo de “adecuar y modernizar la legislación laboral” a las necesidades del teletrabajo y las nuevas “plataformas tecnológicas” –lo que traduce el reclamo capitalista de liquidar conquistas y derechos laborales.

El planteo del FIT

Las intervenciones más agudas corrieron por cuenta del Frente de Izquierda. Nuestra diputada Romina Del Plá (que presentó por escrito una larga lista de reclamos de distintos sectores sindicales, reproducida al final de esta nota), inició su intervención denunciando que la “verdadera pandemia” que acompaña al Covid-19 y a la que el gobierno no da respuestas es la de los despidos y suspensiones con rebajas salariales. Y demostró que no hay ninguna voluntad de hacer cumplir el DNU del propio gobierno, como lo prueba el caso Techint “o los despidos que hoy mismo se produjeron en la Editorial Atlántida”.

Del Plá refutó el argumento de que el mencionado artículo 223 bis de suspensiones se aplicara “con acuerdo con las direcciones sindicales”. Afirmó que “en un momento en que su propio ministerio ha prohibido la actividad sindical, en realidad el único acuerdo es con las patronales, a las que se les habilita el uso de la fuerza mayor para atropellar a los trabajadores”.  

Destacó que desde el FIT presentamos propuestas muy concretas, que son la única garantía de protección de los trabajadores, y que se han desoído hasta hoy. Desarrolló que hace falta prohibir efectivamente los despidos y las suspensiones con rebaja salarial por un año. Y defender asimismo el salario como prioridad: que lo paguen las empresas y donde se pruebe que eso no es posible (previa apertura de los libros contables), que haya garantía estatal para poder cubrirlos. Para financiarlo, Romina insistió en nuestros proyectos de ley y planteos: “no sólo dejar de pagar la deuda externa, sino también gravar con un impuesto progresivo a las grandes rentas, los inmuebles ociosos, fortunas de los empresarios, los banqueros,  los terratenientes”. Asimismo, denunció el vaciamiento de la caja de la Anses, que está teniendo lugar por la “autorización sistemática de rebaja de aportes patronales”.

Al cierre de su intervención, nuestra diputada cruzó a Moroni por haber informado que desde el inicio de la cuarentena hay una “baja conflictividad laboral”, recordándole el decreto que él mismo promulgó prohibiendo la actividad sindical (y que en uno de nuestros proyectos de ley planteamos anular), y adelantó que “en la medida en que persistan los despidos y los atropellos, como vimos en el frigorífico Penta, con represión a los trabajadores, efectivamente la conflictividad se va a desarrollar”. Y concluyó con el reclamo de que se eleve el IFE, el salario mínimo y las jubilaciones mínimas a 30 mil pesos.

Un ministerio incapaz de dar respuesta a los reclamos de los trabajadores

En su cierre, Moroni justificó los despidos en Techint en nombre de que medió un “acuerdo razonable con el sindicato” y que se respetó “la práctica legal vigente del sector” –que consagra la brutal inestabilidad laboral en el gremio de la construcción.

Sobre la oleada de reducciones salariales (“los abusos del Artículo 223 BIS”) se jactó de que no ha habido “una inundación hasta ahora” –ignorando las múltiples denuncias. Pero terminó confesando que la defensa del salario de los trabajadores lejos está de ser una prioridad: “lo que nos preocupa es que se mantenga el vínculo laboral”, dijo el ministro, en la misma sintonía del ya clásico discurso de la burocracia sindical para entregar los salarios obreros.

En relación a los trabajadores informales y quienes están excluidos del IFE, insistió con que el sector informal “es muy heterogéneo”, “está poco identificado”, “es complejo de atender”, etc. Pero medidas concretas para revertir la situación: cero. Sólo dijo que “estudiaremos” el tema y “tomaremos decisiones”… No se sabe cuáles. 

Sobre la violación de los protocolos de seguridad laboral, simplemente le pasó la pelota a las provincias: “la aplicación de las leyes laborales es potestad de las autoridades provinciales, nuestro ministerio brinda asesoría”. Sorprende: ¿cuál es la función de un Ministerio de Trabajo si no puede actuar contra la violación de sus propias normativas? Para eso, que cierren las persianas.

Sobre los despidos afirmó que lo que hubo en marzo fueron 45 mil bajas laborales, “no despidos” –en referencia a que el número incluye también los ceses por muertes, jubilaciones, renuncias, etc. Pero no desagregó cuántos de ellos son despidos, ¡cuando las denuncias arrecian en todo el país!

También evadió respuestas concretas sobre los despidos en los diversos organismos del Estado: “Voy a consultar. No tenemos denuncias masivas”. Menos mal que Moroni está al frente de la cartera de Trabajo…

Es evidente que la defensa del trabajo y el salario no es prioridad del gobierno. Reforcemos una lucha política en defensa de los trabajadores.