El presidente Alberto Fernández presentó en la provincia de Entre Ríos su plan para compatibilizar los programas y beneficios sociales con el empleo registrado en cabeza de las patronales rurales. Por esta vía, las patronales se harán acreedoras de un subsidio del Estado para asegurar su rentabilidad.

El origen de este programa, que el gobierno busca oficializar por medio de un decreto, es el reclamo de las patronales, varias de ellas nucleadas en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), ante la “falta” de trabajadores temporarios para el empleo en actividades productivas estacionales.

Resulta que los bajos salarios pagados por las patronales rurales y la actividad circunstancial no son alicientes suficientes para que los trabajadores pongan en riesgo la continuidad del cobro de los programas y beneficios sociales que perciben. Para más en una actividad donde impera la superexplotación y precarización, con fuerte presencia de trabajo no registrado y donde prima todo abuso y manipulación por parte de las patronales.

La Came puso el grito en el cielo contra los programas sociales y el gobierno recogió el guante ofreciendo los mismos como prenda de unidad y garantía al negocio de las patronales rurales.

Lo que se presenta como un beneficio a los trabajadores, quienes ahora podrán conservar el programa social y la asistencia universal del Estado, es fundamentalmente un beneficio a los capitalistas.

Alberto Fernández, incluso, aprovechó la partida para responsabilizar al macrismo del crecimiento de los planes sociales en el país, cuando existe una responsabilidad compartida, una misma hoja de ruta del ajuste, detrás de la agenda del FMI, con desempleo, crisis económica y diversificación de los programas asistenciales como contención (precaria) ante una pobreza que crece y un movimiento de desocupados independiente y combativo que se ha consolidado y desarrollado durante los últimos años.

El Frente de Todos no ofrece trabajo, ni garantiza un verdadero seguro al desocupado. Ante reclamos antagónicos -trabajo barato o aumento de salarios-, Fernández opta, sin dudarlo, por las patronales. Por ejemplo, el gobierno sigue sin dar respuesta al reconocimiento de zona desfavorable para trabajadores rurales. Allí está también el ajuste sobre el salario mínimo, anclado 15 puntos por debajo de la inflación proyectada.

La situación de los trabajadores rurales no reclama la compatibilización de empleo registrado y planes sociales, sino una recomposición general de los salarios que sirva para bancar la temporada baja y la cobertura de la seguridad y obra social para el periodo por fuera de la temporada. También el reconocimiento de derecho desconocidos, como la zona desfavorable.

https://prensaobrera.com/politicas/la-inflacion-acumulo-otro-3-en-julio-y-ya-supero-el-29-previsto-por-guzman/

https://prensaobrera.com/politicas/el-envion-del-gobierno-a-los-monotributistas-es-mas-endeudamiento/