“Fuentes de la Casa Rosada revelaron que, además de Aníbal Fernández [ministro del Interior], los titulares de la Aduana, de la Side, de la Policía Federal, de las fuerzas federales de seguridad y de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción (Sedronar) conocían la causa, los vuelos con drogas de Southern Winds, y la complicación del comodoro Beltrame [entonces jefe de Ezeiza] desde noviembre de 2004, y en algunos casos, también informaron a Kirchner y sus ministros.”

 

Esto lo escribió La Nación (25/2) después de que Fernández admitiera oficialmente que el gobierno sabía todo. “La Policía Federal sí estaba al tanto de lo que estaba sucediendo (…) prácticamente desde el mismo momento [del contrabando]”, había dicho Fernández a Radio Mitre (24/2). La complicidad por acción u omisión alcanza hasta la misma Casa Rosada.

 

Como respuesta ante semejante evidencia, se ha montado un coro de encubridores que canta a favor de una medida contra el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, con la intención de poner allí un tope de responsabilidad política por el tráfico de drogas.

 

Así como el descabezamiento de la cúpula de la Fuerza Aérea apuntaba a preservar la ‘institución’, en este caso, la defenestración de Jaime apuntaría a salvar otra ‘institución’: al propio Presidente.

 

Jaime tiene sus propias cuitas por las que ahora pena. Distribuye más de 1.200 millones de pesos anuales en subsidios “en forma automática” entre colectivos de pasajeros, camiones de carga, ferrocarriles, concesionarios viales y líneas aéreas. Los beneficiarios “sólo tienen que presentar una declaración jurada con los servicios que prestan y su situación ante el fisco” ( Clarín , 27/2).

 

Por lo pronto, todo indica que el principal encubridor está resultando ser el juez que sigue la causa, Liporace, quien no sólo no quiere llegar a Jaime, sino que incluso quiere despegar del delito a los Maggio, que dirigían SW. Liporace apunta a “limitar las responsabilidades por el contrabando (…) sólo a tres empleados infieles y a un matrimonio de narcotraficantes españoles” ( Ambito Financiero , 1/3). Liporace se ha negado a llamar a declarar a los Maggio, a Beltrame y al que era jefe de la Policía Aeronáutica cuando el tráfico de drogas, al secretario Jaime, al jefe de la Aduana, al de la Side, a la representación de Interpol en Argentina, al de la Federal…

 

Kirchner puede seguir quejándose de que no le dijeron lo que estaba pasando. Pero, al mismo tiempo, está obligado a encubrir a los encubridores. La restauración del Estado capitalista, de la especulación y el pago de la deuda, así se lo exige.

 

 

Moyano y Jaime

 

Un interesante dato colateral que surgió con la investigación periodística del tráfico de drogas es que el gremio de los camioneros, que dirige Moyano, recibe un subsidio millonario de la Secretaría de Transporte. “En el sector de los camiones, el gremio y las empresas se repartieron 41,4 millones de pesos por el Régimen de Fomento (Refop) y 34,8 millones de pesos por la implementación del registro Ruta” (Clarín, 27/2).

 

 

SW y Lafsa

 

Fernández, el jefe de Gabinete, explicó que el gobierno retiraba a SW el subsidio por combustibles (3,8 millones de pesos mensuales) porque “está en tela de juicio la integridad moral de algunos gerentes y funcionarios de SW”. Sin embargo, cuando se renovó el subsidio en octubre último, hacía ya un mes que se investigaba el tráfico de drogas, y no se tuvo en cuenta la integridad moral de nadie. En esa época SW “funcionó bien”, dijo Fernández.

 

Lo que Fernández parece no darse cuenta es que el gobierno, al retirar el subsidio, no está acusando a algunos “empleados infieles” por el contrabando, sino a la cúpula de la empresa. Es decir, está acusando al propio Estado, que estaba asociado con los Maggio a través de Lafsa. Fernández confirma así la caracterización de Prensa Obrera (Nº 888) de que “SW es una asociación ilícita avalada por el Estado argentino”.