La afirmación de Rodríguez Saá, de que no tendría inconvenientes en aceptar un intendente opositor en la capital de la provincia, al cabo de una elección a corto plazo, pone en evidencia la solución de compromiso que la camarilla gobernante ha alcanzado con el clero puntano y con el gobierno nacional. El costo de esta tranza lo deberán pagar los docentes que han impulsado el Puntanazo de las últimas semanas, quienes deberían aceptar la vigencia del estatuto de los Saá hasta lo que resuelva una negociación. La burocracia de Ctera se ha gastado el dinero de los afiliados viajando repetidamente en avión a la provincia para promover este arreglo. Los únicos que todavía no parecen haber entrado en el arreglo son los pulpos capitalistas de Mendoza que protestan contra la ‘promoción industrial’ en el distrito de los Saá.

Esta traición al pueblo apunta, en definitiva, a salvar a la camarilla familiar, porque su caída por una pueblada pondría en peligro a la veintena de camarillas más o menos similares que gobiernan las provincias argentinas, en primer lugar la de Santa Cruz –que necesita ‘proteger’ varios centenares de millones de dólares que tiene ocultos en el exterior y varios negociados con la pesca, la minería y los hidrocarburos.