Dos años después del desguace de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) y tras sucesivas postergaciones, finalmente se dio a conocer el anteproyecto de la “Ley de Comunicaciones Convergentes” de un modo por lo menos curioso: Andrés Gil Domínguez, uno de los miembros de la Comisión Redactora –de la que también forman parte Silvina Giudicci, Henoch Aguiar y Santiago Kovadlof-, lo publicó en su blog “Under Constitucional” (5/01). Para sumar más desconcierto y secreto al asunto, trascendió que la publicación habría sido una decisión personal de Gil Domínguez y que el Ministerio de Modernización, que asumió las funciones del disuelto Ministerio de Comunicación, le habría bajado el pulgar (Página 12, 9/1). Con todo, no debería sorprendernos tanto todo este proceso de revelaciones clandestinas y cajoneos para una ley que se vino discutiendo entre cuatro paredes y que, a lo largo de las 64 páginas y 196 artículos que el gobierno de Cambiemos postula para regular las comunicaciones audiovisuales y electrónicas, apenas menciona una vez el concepto de “concentración”.

De los decretazos al anteproyecto

El borrador no agrega nada nuevo a la serie de decretazos y resoluciones publicados desde enero de 2016 con los que –a través de Oscar Aguad que se mantuvo en su puesto hasta la disolución de su Ministerio, pero sobre todo hasta haber logrado la megafusión Cablevisión y Telecom- el macrismo viene profundizando tanto el paisaje concentrado del sistema de medios y telecomunicaciones como el cuadro de despidos y precarización laboral de los trabajadores. Destaquemos algunos puntos.

La propuesta republicanista se asegura el control absoluto del Poder Ejecutivo de todos los organismos que crea la ley. La Agencia de las Comunicaciones Convergentes, que vendrá a sustituir al Enacom, contará con cuatro directivos elegidos por el presidente y los restantes tres, uno por cada una de las tres primeras minorías del parlamento (art. 14). El más colegiado Consejo Federal de la Comunicaciones Convergentes, por su parte, estará integrado por un representante de cada provincia y de CABA, y por un pretendido panel representativo de todos los sectores (desde empresarios a sindicatos, de asociaciones de consumidores y rectores de las universidades a pueblos originarios), al que no solo se le asignarán funciones decorativas de “colaboración y asesoramiento” sino que, además, luego de ser propuestos por cada “sector”, serán designados por el presidente (art. 21).

En relación con los límites a la concentración en el mercado de la comunicación audiovisual -el borrador lo expresa en términos de “multiplicidad de licencias” (art. 51)-, se mantiene lo enunciado en decretos anteriores: para el orden nacional, una licencia de servicios de comunicaciones audiovisuales mediante vínculo satelital y hasta 15 licencias de televisión abierta y radiofonía; para el orden local, una licencia de AM, una FM (o hasta dos cuando existan más de ocho licencias en el área primaria de servicio) y una para televisiva abierta. La suma total de licencias otorgadas en la misma área no podrá exceder la cantidad de cuatro licencias.

Pero los topes a las licencias –superiores a los que fijaba la ley de SCA (10 en el orden nacional y no más de 3 en el orden local)- disimulan muy poco dos situaciones “convergentes”. Por un lado, si llegara el caso de que una empresa de medios superara el límite de la “multiplicidad de licencias”, siempre puede apelar al recurso –sustentado en la vieja doctrina del “desmonopolizador” Martín Sabbatella- de adecuarse a partir de la división de sus negocios. Tal como lo hizo Clarín, a mediados de 2016, al separar Cablevisión Holding SA (Cablevisión, Fibertel y Nextel) y el Grupo Clarín SA (diarios Clarín, Olé, La Razón, La Voz del Interior y Los Andes; Canal 13, Todo Noticias y otras señales; Radio Mitre, TyC Sports y CMD).

Por el otro, dado que ningún artículo limita el porcentaje a la cuota de mercado que pueda capturar un multimedio, se habilita la monopolización del mercado infocomunicacional. Ahí está para demostrarlo Cablevisión-Telecom, que pasará a controlar el 38% del mercado de TV paga, un 68% de la banda ancha fija, un 39,5% de la banda ancha móvil, un 40,9% de la telefonía fija, y un 30% de la telefonía móvil. Para su aprobación definitiva, la actual Enacom solo ha fijado la obligación de desprenderse de 80MGHz, pero en un plazo de dos años, y de compartir la infraestructura en aquellas zonas donde la empresa tiene una “posición dominante”, como en Córdoba. Nada que le quite el sueño al megafusionado emporio que contará con 25 millones de clientes en el mercado del cuádruple play.

Como si faltaran garantías para los grandes monopolios, se les asegura que “el régimen de licencias previsto en la presente ley configura un derecho adquirido frente al dictado de normas regulatorias posteriores.” (art. 6). Es decir, un negocio por varias décadas sin sobresaltos.

Otros puntos

El borrador establece además que habrá un límite del 30% a la participación del capital extranjero, pero el mismo artículo cierra con una precisa aclaración: “salvo que tratados establezcan la reciprocidad en la actividad de servicios de comunicación audiovisuales” (art.32, inc.b). Es decir, salvo los Países Bajos (el holding holandés Endemol), Brasil (la red O Globo), México (Televisa), España (Telefónica) y, sobre todo, los Estados Unidos. Este artículo y su cláusula exclusiva es una copia de la vieja ley de SCA –denunciada entonces por muy pocos.  

Fija también una “reserva de espectro del 33% para personas jurídicas sin fines de lucro” (art. 85), un punto que había sido el caballito de la batalla madre y con el cual el kirchnerismo había cooptado a gran parte del movimiento de comunicación alternativa y comunitaria bajo la promesa de oferta de licencias, autorizaciones y reconocimientos que, como se reveló al final de la campaña, tuvo escasísimos resultados concretos.

Hecha la ley

En estos dos primeros años, el gobierno de Macri no precisó de ley alguna para profundizar la concentración y colonización de los medios por parte del capital financiero. A la reciente fusión Telecom-Cablevisión, hay que agregar la compra de Telefé por Viacom, el control de la televisión satelital en manos de DirecTV y el monopolio de la televisión deportiva por la dupla Fox y Turner, a la que ahora –tras la compra de Fox por Disney- se sumará ESPN que había quedado inicialmente fuera de competencia.

Tampoco la necesitó para pulverizar las fuentes de trabajo con cientos de despidos en medios privados y públicos, lo que convierte a la promesa de “generación de empleo y formación profesional de los trabajadores de la industria de las comunicaciones convergentes” (art. 12, inc.g) en papel picado antes de su promulgación.

Borrador definitivo o no, el anteproyecto solo pretende vestir de estatuto jurídico la única ley que opera en el mercado infocomunicacional: la del capital financiero.