El masivo apagón del pasado miércoles 1°, que dejó a 20 millones de personas sin luz en gran parte del territorio nacional, tiene responsabilidades claras: el vaciamiento y los negocios en el sector eléctrico y la complicidad del gobierno que combina tarifazos e integra la sociedad que controla gran parte del transporte eléctrico.

El corte masivo fue atribuido a una falla del transporte energético debido a un incendio de pastizales en la zona de Gral. Rodríguez (Buenos Aires), que afectó cables de alta tensión de 500 kilowatts y que obligó a que la central nuclear de Atucha I desenganche la provisión eléctrica y detenga la producción para evitar una sobrecarga del sistema. Algo que también tuvo que imitar Central Puerto.

Solo algunas horas después de que Alberto Fernández hablara en el Congreso de que su gobierno está llevando adelante una "revolución energética" un incendio de cables de alta tensión produjo un apagón masivo que dejó sin luz a buena parte del país.

Abro hilo

— Gabriel Solano (@Solanopo) March 1, 2023

La incapacidad del sistema para aislar el foco de la falla produjo una reacción en cadena que implicó la extensión al resto del Sistema Interconectado Nacional (SIN), afectando a distintas provincias del país. Se calcula que dejaron de producirse 10.000 megawatts, un 35% del total necesario para todo el país.

El hilo de las responsabilidades

El gobierno salió rápidamente a deslindarse de responsabilidades respecto a la generación eléctrica, insinuando incluso la idea de una alteración “intencional” del sistema y enfocándose en la quema de pastizales.

La empresa responsable del transporte eléctrico, Transener –con mayoría accionaria de Pampa Energía S.A. y Marcelo Mindlin, y participación del Estado- también le adjudicó la responsabilidad a la quema de pastizales, sin ofrecer detalles respecto a la evitabilidad de este suceso.

El gobierno nacional viene de aprobar en diciembre pasado un aumentazo del 150% en el precio del transporte eléctrico incluido dentro de la factura supuestamente con el propósito de que las patronales reviertan la desinversión en las redes de transmisión para evitar fallas como las actuales.

Esto incluso a pesar de que el gobierno señalara públicamente en octubre del 2022 que las empresas transportadoras solo aplicaron el 23% del capital comprometido a inversiones, lo que preanunciaba una nueva estafa masiva contra la población.

El apagón masivo vino a constatar lo que se suponía que ocurriera: las patronales no invirtieron y el gobierno nuevamente es socio y cómplice del vaciamiento. Algo que ocurre en toda la cadena energética, con la desinversión sistemática de las distribuidoras -Edesur y Edenor entre las principales- que origina cortes periódicos, como el que se vivió en la última oleada de calor.

Transener no contó con la capacidad de aislar las fallas del sistema ni con la previsión de mantener los espacios por donde se despliega el transporte eléctrico, algo que de por si hubiera evitado esta contingencia.

La quema de pastizales también merece su lugar ya que se trata de un fenómeno que impulsan las patronales y los especuladores inmobiliarios, que perjudica el medio ambiente, los ecosistemas, atenta contra los humedales y hasta causa deficiencias en el sistema eléctrico. El gobierno no ha hecho nada contra esta modalidad en crecimiento, responsable de diversos incendios en el país.

Tarifazos y desinversión

Al mismo tiempo que las patronales del sistema energético demuestras que no aplican ni un solo peso a la inversión y que el sistema eléctrico nacional puede ser azotado por una quema de pastizales, el gobierno avanza con su plan de segmentación de tarifas y con aumentos en los distintos factores que inciden en la facturación eléctrica (distribución, transporte, producción e impuestos).

Al aumento señalado para las transportadoras se suma el aumento promedio del 60% para todo el año para las distribuidoras de Edenor y Edesur, bajo el supuesto de “readecuación” de sus costos, algo que opera a libro cerrado, lo mismo que el precio que el Estado le reconoce a las productoras eléctricas, entre ellas Pampa Energía del mismo Mindlin.

Este descalabro requiere de la nacionalización total el sistema eléctrico y energético del país, bajo control de los trabajadores. Y una investigación que determine en cómo y en qué se han empleado los subsidios a las patronales, junto a la apertura de los libros para conocer los verdaderos costos de producción y transporte de la energía.

https://prensaobrera.com/politicas/apagon-masivo

https://prensaobrera.com/politicas/planeta-alberto