Con la bancada del Frente de Izquierda en el Concejo Deliberante presentamos un pedido de informes al ejecutivo municipal para que las empresas rindan cuenta el de respecto al destino de los subsidios municipales, provinciales y nacionales que perciben, como así también se informe cuáles fueron las medidas adoptadas por el municipio ante los reiterados incumplimientos.

La tregua pautada hasta el 17 de junio en el marco de la discusión paritaria, lejos está de dar una salida a la crítica situación. De hecho a dos días de levantado el paro aún el servicio no ha sido regularizado. Las líneas secundarias siguen funcionando con la mitad de las unidades y una frecuencia de fin de semana.

Ante el reiterado reclamo de los usuarios, la empresa ERSA (quién concentra la mayor cantidad de los recorridos) anunció que colocará refuerzos, pero lo cierto es que de concretarse no llegaría a cubrir la cantidad de unidades que han sacado de circulación. Trabajadores de la empresa denuncian que en los últimos meses se han retirado al menos 40 unidades de las calles por no encontrarse en condiciones, pero no fueron reemplazadas. Hablamos de colectivos por los que las empresas siguen cobrando subsidios.

El actual conflicto tiene como trasfondo la presión de las empresas concesionarias por obtener más subsidios, mientras avanzan en el vaciamiento y achique del servicio. El incumplimiento con el pago integral de los salarios que provocó el paro es lisa y llanamente una extorsión patronal.

Las empresas reclaman 9 mil millones de pesos extras en subsidios para cubrir el aumento salarial del 42% solicitado por la UTA, pero nadie dice a donde fueron los 20 mil millones que actualmente reciben. Eso sin mencionar los millones extras que percibieron en 2020 y a principio de año por el Fondo Covid. Tampoco se rinden cuentas por lo recaudado por corte de boleto, teniendo uno de los más caros del país ($43). Nada de eso se traduce en la calidad del sistema de transporte, ni mucho menos en las condiciones laborales de sus trabajadores. De hecho, con estas medidas las empresas anticipan que irán a nuevos incumplimientos salariales, poniendo en cuestión la continuidad del servicio.

Con este accionar las empresas no solo privan a la población de un servicio esencial, sino que para defender su caja han incurrido en todo tipo de irregularidades y violaciones a las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio para el Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros (ordenanza n° 12.076), como así también aquellas previstas por el Pliego de Licitación (ordenanza n° 12.146).

Según lo establecido en el Art. 43 y 44 del Pliego de Licitaciones, las concesionarias son susceptibles de percibir multas o eventualmente la caducidad del servicio frente a incumplimientos recurrentes, o cuando la empresa deje de prestar el servicio por más de dos días consecutivos. Asimismo, el Marco regulatorio en sus artículos 2 y 5 expresamente coloca en el Departamento Ejecutivo Municipal la obligatoriedad de garantizar el servicio, y para ello cuenta con una serie de herramientas de control e intervención sobre las concesionarias. Sin embargo, ninguno de estos mecanismos fue activado.

Usuario y choferes somos presos de una puja patronal por más subsidios, pero el intendente, Martín Llaryora, en lugar de garantizar un servicio esencial se ha colocado como portavoz de los reclamos empresariales. El ejecutivo no ha intervenido solicitando los informes contables correspondientes por medio de la Autoridad Municipal de Transporte (AMTT) para conocer el destino de los subsidios; tampoco se activaron los mecanismos previstos en el Pliego de Licitación frente al incumplimiento patronal; por el contrario Martin Llaryora se dedicó a promover reuniones con otros intendentes para reclamar de manera conjunta mayores subsidios para el transporte en el interior del país.

El parasitismo de los empresarios viene dando sobradas muestras que no les interesa brindar un servicio de calidad, bajo medidas de bioseguridad. A la luz de hechos es claro que debe establecerse la municipalización del servicio bajo control de trabajadores y usuarios. En esa perspectiva, realizamos el pedido de informe, a la vez que insistimos en el tratamiento y aprobación de los proyectos presentados para garantizar el aumento salarial de los trabajadores, el aumento de las frecuencias y las medidas de bioseguridad necesarias.