El intendente Llaryora fue y vino a la hora de definir una modalidad de funcionamiento que asegure el derecho al transporte en condiciones de seguridad. En su momento, había dado marcha atrás con la medida de restricción, dispuesta a raíz de la pandemia, que establecía el uso de solo del 50% de los asientos de colectivos. La medida duró dos días y más allá de la eficacia a la hora de proteger a las y los usuarios, el plan era cambiarla para utilizar la totalidad de las butacas. Como esta resolución era rechazada, tuvo que retroceder en su tentativa de exponer aún más a quienes tienen que usar el sistema de transporte público.

Según informaron las empresas de transporte, el lunes 20 de abril se vendieron 70.395 boletos, arriba de los 62.750 que se registraron el primer día de la cuarentena obligatoria (20/3), y un 40% más que los registros de las últimas semanas (46 mil por día aproximadamente). En la medida que se vayan incorporando actividades “exceptuadas” este número irá en ascenso, convirtiendo el transporte público en un potencial foco de propagación masiva del coronavirus.

En la ciudad, hasta el lunes 20/4 se encontraban en funcionamiento 230 colectivos. Con la restricción del 50% de uso de asientos las unidades en servicio subieron a 288, pero siempre con una frecuencia de días domingos. Las consecuencias fueron brutales. En las barriadas más populares la espera promediaba la hora, con colas de hasta dos cuadras. Con esta realidad se hace impracticable la disposición sin afectar más unidades, cosa a la que los capitalistas se niegan.

La situación exige de un reforzamiento del sistema de transporte, pero es en este punto donde comienzan a operar las presiones de las empresas. Hace apenas unos días, la Fetap (cámara que nuclea a los empresarios del transporte) alertó que corría riesgo el pago de salarios, debido a que solo están transportando al 5% de los pasajeros que habitualmente tenían. Por ello, solicitaron Repros y mayor “asistencia” estatal.

Esta demanda pone sobre la mesa, por un lado, las pésimas condiciones del servicio que a diario padecen los cordobeses, puesto que con una merma considerable en la cantidad de pasajeros las empresas son incapaces de garantizar el distanciamiento social. Por otro lado, pone en cuestión el destino de los millonarios subsidios que han recibido durante años, que sin duda no se ven reflejados en las unidades, ni las condiciones laborales. Así las cosas, las demandas empresariales no son más que extorsiones para seguir amasando ganancias millonarias. Con el boleto más caro del país, Llaryora no busca preservar la salud de vecinos y trabajadores, sino responder a esas demandas.

Una salida para las y los trabajadores

En este cuadro, se impone la necesidad de incrementar las unidades y frecuencias para garantizar el distanciamiento social obligatorio, poniendo a funcionar todas las unidades paradas y, de ser necesario, que se recurra a las unidades ociosas del transporte de media y larga distancia.

Se deben garantizar todas las medidas de higiene y bioseguridad para todo el personal del transporte, como así también el pago de los salarios en tiempo y forma. Allí donde no se puede, que el Estado se haga cargo mediante un pago directo al personal y no por incremento de los subsidios. Ante las extorsiones empresariales, es necesario que la prohibición de despidos y suspensiones sea retroactiva a febrero y hasta fin de año. Hay que abrir los libros de las empresas y así proceder a estatizar integralmente el sistema de transporte bajo control de trabajadores y usuarios.

En este sentido, es necesario avanzar en la conformación de comités de higiene y seguridad de las y los trabajadores y usuarios, que permitan la centralización de todo el sistema de transporte, receptando denuncias y controlando el efectivo cumplimiento de las medidas sanitarias, tendientes a preservar la salud de la población.