Tras el paro de lxs choferes del transporte de pasajeros del interior del país, se firmó un acta acuerdo por el que percibirán una suba salarial similar a la que están recibiendo lxs trabajadorxs del transporte de la zona del Amba. Es decir que tendrán un incremento del 50% en sus haberes, cuando se proyecta una inflación de alrededor del 70%.

La Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (Fatap) había manifestado que no podía hacerse cargo del aumento pedido por la UTA. Y pusieron toda la presión en dos variables: conseguir más subsidios y en que habiliten una nueva suba del boleto de colectivos. Según la mencionada cámara empresarial, en Córdoba capital hacen falta $300 millones mensuales para cumplir lo acordado en la paritaria de lxs choferes.

La cantidad de fondos que piden las empresas les será entregada mediante recursos provenientes de Nación, provincia y municipio. Además, se llevaría adelante un nuevo incremento en el costo del boleto entre los “$70 y $75”, según publicó Hoy Dia Córdoba. Hay que tener en cuenta que el boleto desde febrero está en $59,35. De esta manera tendríamos dos fuertes aumentos en un semestre.

El intendente de Córdoba, Martín Llaryora, viajó a CABA durante las primeras horas del paro con el objetivo de que se termine con la medida de fuerza, lo que finalmente sucedió, acordando otorgar más subsidios para que las empresas los manejen sin ningún tipo de control. También va quedando claro que el aspirante a gobernador regresó con un tarifazo bajo el brazo, otro golpe al bolsillo. Todo a medida de las empresas.

Cabe tener en cuenta que la medida de fuerza tuvo un rutilante acatamiento en casi todas las provincias del país. Sin dudas la huelga fue una manifestación de las reservas de lucha con que cuenta la clase obrera para enfrentar el ajuste inflacionario. El paro fue atacado por quienes gobiernan, desde el Ejecutivo del municipio de Córdoba se lo calificó de “salvaje”.

El ataque a la huelga se complementa con una condescendencia para con las empresas, que manejan los subsidios de manera discrecional, sin invertir en una mejora del servicio. En el caso de Ersa, el incumplimienyo del marco regulatorio llegó al punto que hace rato se tenía que removerla de la prestación de las líneas. Vale recordar que solo la concejala Cintia Frencia del FIT presentó el planteo para que se le quite la concesión. Tanto el PJ-Kirchnerismo como la UCR-Cambiemos, por acción u omisión, están bancando una continuidad de Ersa, que solo se favorecen a los capitalistas.

Empresarios que viven del Estado

El paro en el transporte fue el escenario en que se realizaron cruces entre políticos capitalistas. Gobernadores del PJ, como los de La Rioja y de San Juan, salieron a reclamar en la misma línea una redistribución de subsidios, y apuntaron sus críticas hacia el gobierno nacional. De modo que los fondos de los contribuyentes para el transporte urbano de pasajerxs en el interior del país son motivo de una disputa política entre quienes gobiernan.

Hace meses que el gobierno provincial viene haciendo campaña con un proyecto para que se redistribuyan los subsidios de “manera equitativa” entre las provincias, y la zona del Amba. Esto en nombre de un supuesto federalismo. Sin embargo, el problema radica en el parasitismo de las empresas.

La Fatap, desde hace años, viene planteando que el sistema está en crisis, y que por lo tanto los fondos públicos en subsidios tienen que aumentarse. Ninguno de los bloques capitalistas en los gobiernos y en el parlamento cuestiona el pedido de capitalistas que manejan sus empresas teniendo como soporte clave los ingresos de lxs contribuyentes. La unánime coincidencia entre diferentes bloques capitalistas ilustra que hasta qué punto hay un consenso en continuar manteniendo a empresarios que viven del Estado.

En contraposición, en el Concejo Deliberante, a través de Cintia Frencia, el FIT exige el congelamiento del boleto y la apertura de los libros de las concesionarias. El planteo de la concejala por el Partido Obrero sale al cruce de una demanda popular, evitar un nuevo tarifazo, y que los empresarios rondan cuentas de qué hacen con los fondos públicos, puesto que no redundan en una mejor prestación de servicio.

El mencionado planteo forma parte de un programa integral, para que la crisis no se siga descargando sobre las familias trabajadoras, y para terminar con tarifazos en el boleto que no guardan relación con trabajadores bajo la línea de pobreza. Una estatización del sistema, bajo control de trabajadores y usuarixs puede garantizar salarios y frecuencias, al eliminar la renta empresaria.

Evitemos un nuevo tarifazo en el boleto para sostener las ganancias de los empresarios amigos del poder. Necesitamos una acción independiente desde el campo de lxs trabajadorxs, plan de lucha, paro y movilización.