La renegociación de la deuda externa bonaerense entra en un campo minado. Luego de seis meses en los que la propuesta de canje de Kicillof no logró recoger mayores adhesiones, el comité de acreedores Ad Hoc -que alega tener en su poder el 49% de los bonos en cuestión- contrató un estudio de abogados para “evaluar todas las opciones”, es decir empezar a estudiar la posibilidad de declarar a la provincia en default y resolver la negociación en los tribunales extranjeros.

Desde el gobierno volvieron a extender, por novena vez, el plazo para ingresar a la reestructuración hasta el 4 de diciembre. “No hay motivos para creer que extensiones adicionales de esta oferta fallida puedan conducir a un resultado positivo”, sostuvo el grupo de bonistas en un comunicado. Acusando recibo de la apretada, los funcionarios reiteraron “la voluntad de la provincia de enmendar la oferta”, es decir de seguir el camino de Martín Guzmán de ceder a las exigencias de los fondos de inversión. Pero el margen en este caso es mucho menor, porque la administración bonaerense no recauda dólares sino que debe comprarlas de las arcas vacías del Banco Central, y las cuentas no cierran.

El intento de Kicillof de cerrar un acuerdo con una pequeña quita de capital del 7% sobre un total de 7.150 millones de dólares, del 55% sobre unos intereses ultrausurarios (el año próximo -por ejemplo- vencen abultados bonos en dólares con tasas del 9,95% y del 10,87%), además de un período de gracia de tres años, está empantanado. Si el papelón con que comenzó su gestión en el plano financiero -cuando terminó reculando en chancletas ante el fondo Fidelity y gatillando unos 277 millones de dólares en efectivo- ya era una desventaja para cualquier negociación, ahora se suma la capitulación del resto de las provincias que buscan renegociar sus deudas, empezando por el cierre del canje de Mendoza que apenas posterga los plazos y mantiene casi íntegros los montos a pagar.

La acumulación de incumplimientos en la cancelación de los vencimientos de deuda opera como un condicionante importante, porque tanto el gobierno nacional del Alberto Fernández como el de Neuquén terminaron concediendo a los bonistas cupones que capitalizan los intereses no pagados en 2020, los cuales en el caso bonaerense superan los 1.000 millones de dólares. Kicillof va quedando preso de una encerrona. Las “enmiendas” que ofrece ahora deberán contemplar una multiplicidad de exigencias de los bonistas. La estrategia de atar la suerte de la provincia al canje de la deuda nacional se revela como un salvavidas de plomo, más cuando se aproxima el pacto con el FMI.

Es que tras el canje capitaneado por Guzmán el Estado nacional comienza a pagar vencimientos el año que viene. Buenos Aires cuenta con menores posibilidades, al punto de que el Presupuesto 2021 recién presentado en la Legislatura ni siquiera contempla pagos de servicios de esta deuda en negociación. En cambio, sí se fijan pagos de otros títulos por 200.000 millones de pesos, más que la suma de las partidas de Educación y Salud.

Es decir que de aprobarse la ley en los términos actuales, cualquier compromiso que arranquen los acreedores será directamente a cuenta de ajustar en el resto de la partidas, que ya contemplan recortes. El ministro de Hacienda, Pablo López, se jactó precisamente de que Educación y Salud aumentarían respecto del Presupuesto 2019 un 63% y 30% respectivamente, contra una inflación acumulada en estos dos años en torno al 80%. Valga como ejemplo de un Presupuesto condicionado por la política de honrar la deuda fraudulenta -esa que tanto cuestionan a la exgobernadora Vidal. Lo mismo puede percibirse sobre la insistencia en el mensaje oficial acerca de la inviabilidad del sistema previsional de la provincia, prefigurando otro intento de reforma del IPS como garantía de pago a los bonistas.

La administración de Kicillof se jacta también de haber recuperado un curso “sostenible” de endeudamiento en pesos, pero es otro fraude. La última licitación de Letras del Tesoro, por 7.000 millones de pesos, registró fuertes subas de las tasas de interés, que se ubicaron en el orden del 30% a 28 días y del 35% a 90 días. Un nivel usurario. Esto se combina con la política de endeudamiento con los organismos multilaterales de crédito como el BID y el Banco Mundial, que implican fuertes condicionantes: recientemente contrajo un préstamo por 100 millones de dólares que tiene como garantía de pago los fondos de la coparticipación federal. A esta altura, un canje de la deuda externa que implique nuevas concesiones a los bonistas podría terminar de conformar una tormenta perfecta que lleve al default antes de que se termine el mandato.

Mientras los funcionarios kirchneristas festejan el triunfo de Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cobran fuerza las versiones sobre el desembarco del CEO de BlackRock en el Tesoro, es decir que el “ala dura” de los bonistas pasaría a tomar en sus manos las riendas del Estado yanqui. Lejos de una relajación en el frente externo, se vienen mayores aprietes del capital financiero. Esto en medio de las negociaciones por un nuevo programa con el FMI. En este contexto, Kicillof se apoya en la única variable que puede imponer por la fuerza, la del ajuste a los trabajadores bonaerenses, con Berni y la podrida Bonaerense como guardaespaldas.