04/04/2002 | 748

Tregua por cincuenta dólares al mes

En el país existen más de tres millones doscientos mil desocupados.


El anunciado subsidio para jefes de hogar promete triplicar de aquí a junio el número actual de beneficiarios (460.000), por lo que sólo llegará y recién en dos meses, a menos de la mitad de los desocupados y a un tercio de los que están en situación de miseria («el conjunto de desocupados jefes de hogar con chicos es apenas el 30% del universo de jefes de hogar ubicados por debajo de la línea de pobreza», Página/12, 3/4).


Su monto, 150 pesos, el equivalente de 50 dólares hoy, sin cláusula de actualización por costo de vida, es poco más del 10% de lo que un trabajador necesita para cubrir sus gastos de alimentación, salud y educación.


Lo esencial del subsidio no reside, de todos modos, en su escaso alcance o en su insignificancia. El gobierno otorga un subsidio directo a las empresas capitalistas y, de hecho, fija un nuevo salario mínimo. Como el gobierno «no quiere que el salario de inclusión social se transforme en un subsidio» sino que sea la contraprestación de un trabajo «digno», en las empresas (o la administración pública) «se evalúa la posibilidad de que el Estado pague los 150 pesos mensuales y los aportes corran por cuenta del empleador» (La Nación, 26/3), «un mecanismo que hasta ahora había sido rechazado por el riesgo de bajar el piso de los salarios a 150 pesos» (Página/12, 3/4). Naturalmente, el programa prevé la entrega de los subsidios por la federación de punteros, hombres del clero y empresarios agrupados en los llamados consejos consultivos, con el propósito de disolver o anular las organizaciones de desocupados. Naturalmente, el acuerdo con el programa supone la tregua social.


Esta ignominia tiene el apoyo de ambas CGT y de las organizaciones piqueteras enroladas en la CTA y la CCC. D’Elía (FTV, CTA) sostuvo que «es la primera vez que tenemos un proyecto universal que atiende a los desocupados en la Argentina»; Juan Carlos Alderete (CCC), que «su organización fue parte del Consejo de Emergencia municipal (La Matanza) desde el día de su creación y que hacerlo sirvió para controlar mejor el reparto de lo que íbamos consiguiendo con cada corte de ruta» (Página/12, 3/4).


Este solo hecho ilustra como ninguno la política de tregua de la burocracia sindical, que incluye a las direcciones del movimiento piquetero que han entrado en ella. Una política que empalma con el feroz ataque al salario planteado por los capitalistas aún después de la devaluación: «El 44% de empresas consultadas (…) está instrumentando un programa para reducir las remuneraciones o los beneficios adicionales de sus empleados. Y un 7% admitió que está analizando un plan en igual sentido» (La Nación, 30/3).


Cualquiera puede advertir, sin embargo, que el programa de «jefes de hogar», el gran taparrabos de la política rabiosamente capitalista y antiobrera del gobierno, nace en crisis: con una inflación del 5 ó 6% mensual y en ascenso, el subsidio de 150 pesos puede saltar por los aires en muy breve tiempo (lo que refuerza de paso la necesidad de plantear la actualización por costo de vida de los valores originales de los planes de empleo). El propio derrumbe del ingreso de los trabajadores asalariados *la mitad de los ocupados gana menos de 400 pesos* plantea con más fuerza que nunca el reclamo del salario mínimo, lo que junto al reclamo de la nacionalización de toda empresa que despida o suspenda y el reparto (reducción) de las horas de trabajo sin afectar el salario («puestos genuinos de trabajo») constituye el ABC de un plan de acción del movimiento obrero.


La falta de perspectivas de las direcciones que se ataron al sostenimiento de Rodríguez Saá, primero, y de Duhalde, después, es total. Están empeñadas en salvar a un gobierno en demolición política, obligado a sostenerse sobre la base de un saqueo al pueblo sin precedentes.


No hay bases para una tregua


Los límites de la política de tregua están a la vista. El gobierno y el Departamento del Tesoro norteamericano acaban de definir su «plan» para Argentina, en el mismo momento en que el gobierno Duhalde prometía el acuerdo con el FMI a plazo fijo: «En esta misma sintonía (con el Tesoro) el gobierno norteamericano no comparte los argumentos de su par argentino sobre la necesidad de contar con fondos externos en el corto plazo para evitar un default con los organismos multilaterales o una hiperinflación. El orden de los factores… altera el producto: primero el plan sustentable y luego la ayuda, no al revés. Por lo pronto se ratificó que no hay posibilidades de obtener asistencia bilateral por parte de la primera economía del globo» (La Nación, 3/4).


El ultimátum plantea un nuevo pacto fiscal con las provincias que contenga la eliminación de los bonos y un plan de «autofinanciamiento». En una versión oficiosa de la misión del FMI presente en el país, esto supone una rebaja inmediata del 27% en el gasto de las provincias y el despido en el año de 375.000 empleados públicos (El Tribuno, 3/4). Dos, «un avance en las medidas que permitan reconstituir el mercado de créditos», lo que supone la modificación total de la Ley de Quiebras para dar vía libre a los acreedores en los procesos de liquidación empresaria; el cese de la «persecución» a los banqueros, a través de un acuerdo con la Corte que ponga fin a los recursos judiciales a favor de los ahorristas; y un violento achicamiento de la banca estatal.


La bancarrota, una oportunidad


El conjunto de estas «condiciones políticas previas» apunta a lograr una rápida transferencia a nuevos dueños de empresas en estado de quiebra, en el mismo momento en que este proceso ha irrumpido con la mayor violencia. Telecom acaba de suspender el pago de su deuda, que trepa a 3.200 millones frente a un valor en Bolsa que llega a los 700 millones de dólares, en una lucha de sobrevivencia frente a competidores yanquis que tiene alcance internacional. Pero Telecom le ha seguido los pasos a MetroGas *la empresa de gas que controla Repsol-YPF y el grupo británico British Gas. Luego de la caída de la telefónica «se conoció la decisión de Standard & Poor’s que rebajó la calificación de las obligaciones negociables de La Serenísima» luego de que ésta incumpliera con el pago de los intereses (Clarín, 3/4). Según la Fundación Capital existen otras 18 empresas en default no dadas a conocer aún. Los reclamos planteados por el Fondo apuntan al objetivo central de franquear el apoderamiento generalizado de los activos productivos, comerciales y financieros por los pulpos sobrevivientes y gananciosos en la crisis capitalista. Una guerra de intereses que se libra de manera violenta y en la que los capitales yanquis se aprestan a arrasar con las posiciones no sólo de la burguesía nacional sino españolas y europeas en general.


Qué salida


La demolición política del gobierno de Duhalde responde a este proceso de lucha y remate violento de posiciones y activos, un proceso de expropiaciones en cuya base se encuentran los millones de trabajadores confiscados pero que se extiende a la propia clase capitalista, cuya intervención en la crisis es un factor de la situación política.


La disputa feroz entre los capitalistas alimenta la desorganización económica -anarquía económica, inflación- pero ésta constituye, a la vez, un recurso para desmoralizar a las masas y, en este escenario, imponer la reorganización capitalista con sus ganadores y perdedores. El gran problema planteado para los explotadores es cómo dotarse de un régimen capaz de disciplinar a las distintas fracciones de la burguesía y por sobre todas las cosas, quebrar o disipar el estado de rebelión social. Por esto el FMI reclama una salida de fuerza, un gobierno que actúe por decreto y reprima la violencia social y reconstituya la autoridad del Estado.


Debe advertirse que las huelgas docentes (Río Negro, Chaco, quizás Entre Ríos en las próximas horas) y municipales del interior, son sólo una avanzada de lo que se viene frente al derrumbe de los gobiernos provinciales. Que movimientos fabriles como los de Zanón y Brukman se han convertido en referencias populares, que acaba de recuperarse el Soip de manos de la burocracia en un proceso que advierte también sobre el derrumbe de la burocracia en lugares estratégicos de la clase obrera. Que el Bloque Piquetero Nacional ha elaborado el único plan de lucha que defiende una salida de conjunto frente a la crisis, partiendo del reclamo de los puestos genuinos de trabajo.


Los piquetes y cacerolas deben convertirse en una alternativa de poder, oponiendo al gobierno de Duhalde y al golpe de Estado el reclamo de «que se vayan todos». Que una Asamblea Constituyente en la nación, las provincias y los municipios se haga cargo del poder. Para que la necesidad de un gobierno de los trabajadores se abra paso en el seno de los explotados.

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